Redacción Delegalymas
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ordenó prisión preventiva como medida de coerción para cuatro imputados en una estructura calificada por el Ministerio Público como criminal, la cual se dedicaba a falsificar sentencias, resoluciones, contratos de fianzas y otros documentos judiciales para lograr la libertad irregular de un preventivo que guarda prisión por su vinculación con delitos cibernéticos, lavado de activos, entre otros hechos graves, en los cuales incurrió a cambio de grandes cantidades de dinero.
El tribunal le otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal contra los procesados.
La jueza Yeritza Cabral, además de declarar de tramitación compleja el proceso, ordenó a otro de los imputados presentación periódica ante el Ministerio Público, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de 20,000 pesos.
La prisión preventiva les fue impuesta a Ariel Antonio Bencosme Reyes, Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Antonio Vázquez Pichardo (Frank), mientras que Eddy Alberto Franco deberá presentarse periódicamente al órgano de justicia, no podrá salir del país y pagar la garantía económica.
Sobre el caso, el cual había sido calificado por el fiscal Osvaldo Bonilla, como una afrenta para el Sistema de Justicia, con la imposición de las medidas de coerción de parte del tribunal, valoró todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público. “Nosotros valoramos la decisión del tribunal», manifestó a la salida de la audiencia el titular de la Fiscalía.
“Entendemos que se está enviando un mensaje de contundencia contra una estructura que apenas refleja la punta del iceverg, en lo que respecta a lo que hemos avanzado en la investigación porque entendemos que debemos seguir identificando otras personas que hayan participado en estos hechos”, advirtió el fiscal.
Los cinco imputados. Dos son empleados del Poder Judicial, ahora en condición de suspensión, quienes presuntamente integran una estructura criminal que falsificó documentos judiciales, incluyendo una sentencia y un contrato de fianza, para agenciarle la libertad irregular al imputado Jonathan Francisco Ventura Vázquez, quien guarda prisión por delitos del cibercrimen, lavado de activos, entre otras imputaciones graves que fueron develadas por la Operación Discovery, y cuya prisión se intentaba variar por medios ilícitos.
La Fiscalía les atribuye a los integrantes de dicha estructura, delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano. Los hechos citados contemplan transgresión a los artículos 265, 266, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código Penal Dominicano.