Antonio Beato Dionicio, exencargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), acusado de estafar a varias empresas mediante la simulación de compras institucionales, fue condenado a diez años de cárcel por los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La sentencia de los magistrados fue sustentada con base en los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, órgano que aunque había solicitado la imposición de una pena de 20 años de prisión, manifestó satisfacción por la dictada por los juzgadores.
La valoración de la pena fue hecha por el fiscal litigante Emmanuel Ramírez, quien la calificó como positiva para la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que lleva a cabo el Ministerio Público.
“Para nosotros esto es una condena que sirve de ejemplo para todos aquellos funcionarios públicos y servidores públicos, para que no incurran en actos ilícitos en perjuicio de la sociedad dominicana”, destacó el fiscal adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Explicó que el procesado se aprovechó de su función para estafar a una gran cantidad de empresarios que confiaron en él creyendo que estaban contratando con la Procuraduría General de la República, “y se hizo entregar diferentes productos alimenticios, los cuales procedió a vender a diferentes comerciantes de San Cristóbal”.
Ramírez externó sus declaraciones al responder preguntas de los periodistas que cubren la fuente, luego de que los jueces dictaran la sentencia condenatoria. Según dijo, Beato Dionicio, quien cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, se dedicaba a captar personas físicas y jurídicas, utilizando el nombre del Ministerio Público y de la DGSPC.
El expediente. Señala que Beato Dionicio creó y utilizó documentaciones públicas falsas de dichas instituciones para obtener mercancías que luego revendía. La acusación, contenida en 112 páginas, fue presentada en noviembre del año 2025 por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado. El documento fue sustentado con 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, cinco materiales y cuatro periciales, medianre las cuales se demostró ante el tribunal la responsabilidad penal del ahora condenado.