Redacción Delegalymas
El Reino España extradito al país al ciudadano dominicano Daneury Tejeda Santana (Guatey), de 34 años de edad, quien enfrenta cargos de homicidio y robo, luego de que acoger una petición de las autoridades de República Dominicana.
Tejeda Santana, será juzgado en el país por los delitos antes señalados cometidos contra el señor Ricardo Alfredo Quezada Calderón (Ripil). Su extradición fue ejecutada mediante el Auto No. 144/25, emitido por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal de la Sección 2, Madrid, España, en fecha 28 de febrero de 2025.
La decisión del tribunal español establece que se cumplió con las formalidades documentales y los requisitos legalmente previstos para acceder a la extradición solicitada por la República Dominicana.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público de República Dominicana, fue valorada una vez más la cooperación jurídica de España en el combate del crimen y los delitos graves.
Indica además el documento, que las autoridades españolas en Barcelona ejecutaron el arresto de Tejeda Santana el 10 de octubre de 2024, en virtud de la orden No. 530-2018-EMES-010334, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Este en fecha 28 de mayo de 2018.
Señala sobre el caso, que las investigaciones establecen que Tejeda Santana cometió el homicidio en fecha 28 del mes de mayo del año 2018, en momentos en que se encontraba en el sector Lotes y Servicios de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Este.
Añade de igual modo, que la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, conjuntamente con la Fiscalía de Santo Domingo Este, realizó las actuaciones previstas en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal vigente entre ambos países, logrando que las autoridades españolas concedieran la extradición del nombrado ciudadano.
Agrega el comunicado, que Tejeda Santana será presentado al tribunal correspondiente para conocer el hecho que el Ministerio Público ha calificado como violación a los artículos 295 y 401 del Código Penal Dominicano.