Durante un juicio este lunes a la vicepresidenta y exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani la acusó de haber encabezado un esquema corrupto de asignación de obras públicas durante su mandato.
Fernández de Kirchner enfrenta junto a otros exfuncionarios un juicio por corrupción, en el que el fiscal señaló a la exgobernante de Argentina en el período 2007-2015, como la líder de una “asociación ilícita” que favoreció con obras viales a un empresario allegado en la provincia sureña de Santa Cruz. Durante sus alegatos en el juicio, el fiscal también incluyó en ese supuesto sistema de corrupción a Néstor Kirchner, esposo fallecido de la dirigente peronista y presidente entre 2003 y 2007.
Fernández de Kirchner, quien participó de la audiencia de manera virtual, está señalada como la principal imputada en el juicio que comenzó en 2019, y en el que están acusadas otras 12 personas, entre ellas varios exfuncionarios.
La vicepresidenta y exmandataria niega las acusaciones que se les imputan y sostiene que la investigación que derivó en este proceso es una persecución política en su contra.
“El Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado”, afirmó en el juicio el fiscal Luciani.
Este ha sido el único juicio que hasta el momento ha afrontado Fernández de Kirchner, el cual se encuentra en la fase de los alegatos, en la que las partes piden las condenas o absoluciones de los acusados.
El fiscal apuntó contra los Kirchner por las supuestas irregularidades que se habrían producido durante la concesión de medio centenar de obras públicas a compañías del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, donde el exmandatario se desempeñó como gobernador antes de ejercer la presidencia.
Los delitos que se les imputan tanto a la vicepresidenta como a los demás exfuncionarios son asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Al respecto, el fiscal hizo hincapié en la decisión de favorecer a Santa Cruz en el reparto de la obra pública, “pese a su baja densidad poblacional y en contra de los criterios de razonabilidad que deben regir las contrataciones administrativas”.
Fernández de Kirchner sostuvo en las redes sociales en días pasados, que “el tribunal ya tiene escrita y creo, a esta altura hasta firmada, la sentencia”, al tiempo que se considera víctima de una persecución por parte de sectores de la justicia, a los que vincula con su predecesor Mauricio Macri, presidente de Argentina en el período 2015 -2019.
Del mismo modo, la vicepresidenta ha cuestionado un fallo de la Corte Suprema de junio pasado en el que rechazó todos los recursos presentados por su defensa y las medidas de prueba solicitadas en el marco del juicio.
En tanto que la Oficina Anticorrupción renunció en junio a su condición de querellante en el juicio, mientras que la Unidad de Información Financiera pidió unas semanas atrás la absolución de la exmandataria.
Fuente: AP