Un documento en el que es calificado como “presunto coautor de delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, fue presentado este lunes en el Congreso por la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo y tres de sus ministros.
Se acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.
Detalla la denuncia, que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso el pasado miércoles supuso “un acto arbitrario” que contraviene lo establecido en el artículo 118 de la Constitución.
Expresa igualmente, que su intención de reorganizar el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, atenta contra la autonomía de las citadas entidades.
“Cabe indicar que, esta conducta tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra José Pedro Castillo Terrones, así como el procedimiento de vacancia presidencial, lo cual evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales para obtener impunidad”, señala el documento.
La fiscal denunció además, a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, al exministro del Interior Willly Huerta y al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez como presuntos coautores de los delitos contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración.
Dicho documento fue presentado al Congreso luego de que el Poder Legislativo aprobara la madrugada de este lunes, una resolución que autoriza a levantar un fuero especial al expresidente, lo que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político, es un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios, abriendo el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.
La resolución propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.
Fuente: EFE