Redacción Delegalymas
Los imputados en el Caso Antipulpo Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago, reconocieron los hechos delictivos que se les imputan, al establecer con el Ministerio Público un criterio de oportunidad, según dio a conocer la institución.
En la audiencia preliminar celebrada este lunes se presentaron los acuerdos con los procesados ante el tribunal, consistentes en un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del procedimiento y dos procedimientos penal abreviado.
La audiencia preliminar que lleva a cabo el juez Deiby Timoteo Peguero fue aplazada para este miércoles 18 a las 2:00 de la tarde.
Respecto a dichos acuerdos, Wilson Camacho al responder preguntas de los periodistas al salir de la audiencia dijo que estos permitirán al Estado recuperar más de RD$200 millones en bienes
“Aquí hay varias cosas que es necesario resaltar: en primer lugar, se presentaron ante el tribunal cuatro acuerdos. Esos acuerdos consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del procedimiento y dos procedimientos penal abreviado”, destacó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Es la primera vez, incluso, conforme nuestros datos, que en un caso de corrupción de esta naturaleza y en la audiencia preliminar, una persona física, o sea, que no se trata de una empresa, una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el Ministerio Público”.
Aseguró que se trata de una cuestión trascendente dentro de este proceso, que evidentemente confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público.
“Ahora bien, y con relación al segundo punto, la acusación del Ministerio Público y en relación a Oisoe (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado), las vías de sobornos eran varias, y esas están descritas en la acusación, y permiten probar cómo el acusado Francisco Pagán adquirió dinero de manera ilícita, con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público y están sujeto a decomiso”, dijo.
“Con relación al resto, incluso, al acusado Alexis Medina, hay que recordar que este actuaba de manera directa a través de sus empresas y a través de otras personas que eran parte de su entramado”, especificó.
Manifestó que el Ministerio Público en el momento de la réplica va a explicar o a recordar al tribunal cómo operaba este entramado de corrupción en la Oisoe y cómo la acusación del Ministerio Público no solamente es cierta con relación a estos cuatro acusados que han acordado, sino, que es cierta en todos y cada uno de los puntos que ha presentado el Ministerio Público en esta acusación.
Sobre el Caso Antipulpo. Se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
Están también involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El Ministerio Público presentó cargos igualmente contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.