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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), reaccionó alarmada por el auge y crecimiento de la delincuencia en las principales ciudades del país, con la ocurrencia de provocación y desafío para las autoridades, entre esos asalto a bancos, atracos en plazas comerciales, colmadones, robo de celulares, asesinato de militares y policías para robarle el arma de reglamento, trata de personas, feminicidios, sicariatos, y violación sexual a menores y mujeres.
El presidente de Justicia y Trasparencia, Trajano Potentini, al entender que el país está ante un aterrador panorama por los altos niveles de inseguridad ciudadana, reclamó del Poder Ejecutivo extender y replicar en todo el país el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, por considerar, y afirma así lo atestiguan las estadísticas, que se trata de una de las mayores conquista que a nivel de políticas públicas pueda exhibir gobierno alguno. Dijo que “hoy día la relativa efectividad de la Policía Nacional en la persecución del crimen es gracias al apoyo logístico e insumos de datos y videos provenientes de la vigilancia del 911”.
Dijo, asimismo, que la trascendencia y alcance preventivo que supondría para los dominicanos llevar el 911 a todas las comunidades, además de la oportuna asistencia que representa para la salud, salvaría vidas y prestaría auxilio a los ciudadanos de a pie.
Potentini explicó que la convivencia pacífica y armónica solo es posible si se procura la interacción y trabajo conjunto de las diferentes entidades responsables de la seguridad ciudadana de cada localidad, abordando de manera particular las diferentes problemáticas locales de seguridad y la forma en la que se gestiona la respuesta institucional, haciéndola formar parte de un programa integral de seguridad.
El presidente de la FJT presentó de manera formal el Programa Integral de Seguridad ciudadana, el cual toma como fundamento las causas que originan el fenómeno delincuencial, las cuales se encuentran en una serie de factores sociales y económicos, entre los que citó: desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y pobreza, deficiente educación, consumo y tráfico de drogas, complicidad e impunidad, corrupción y una justicia venal.
Dentro del referido plan, también propone la implementación de acciones alternas al problema seguridad pública; tales como la generación de empleos, prácticas deportivas y recreativas, actividades de prevención de drogas, la persecución efectiva y castigo ejemplar a los delincuentes, y políticas sociales tendentes a disminuir la brecha entre pobres, ricos y muy ricos.
El esquema propuesto operaria como un “conjunto inter-relacionado de seguridad ciudadana que coordinaría organismos del sector público junto a entidades de la sociedad civil, en el ámbito municipal, provincial y regional, buscando además el conjugar eficientemente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar la paz pública, planteando como medidas urgentes las siguientes: Establecer un régimen de control y seguimiento de la actividad del moto-concho y motoristas, identificándolos de manera rigurosa con un chaleco y casco protector numerado en grande, incluyendo al acompañante. Replicar y extender el 911 a toda la geografía nacional. La importación masiva e instalación de cámaras de seguridad en las vías y lugares públicos a cargo del gobierno, así como la exoneración de todos los impuestos a los equipos de vigilancia y la obligatoriedad de su instalación en los centros comerciales y negocios Una reforma administrativa en la Policía Nacional, haciendo especial énfasis en el seguimiento y depuración de sus miembros, además de planificar y ejecutar de forma sostenible un patrullaje permanente y estratégico en las áreas de mayor riesgo. Asimismo, recuperar la matrícula de policías que hoy prestan servicios a particulares y funcionarios, entre otros.