Por ignorar una orden judicial y por enviar a más de 200 migrantes, en su mayoría de origen venezolanos, a una ‘megacárcel’ en El Salvador, el juez James Boasberg, inició este miércoles un proceso judicial para declarar al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en desacato.
El juez federal, en una decisión de más de 40 páginas, acusa al Ejecutivo de haber ignorado con “completo menosprecio” una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla. Permitir al Gobierno anular los fallos de las cortes, convertiría en una burla solemne a la propia Constitución», sostuvo el magistrado.
Se recuerda que Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, y que un día después de que invocarla, el magistrado Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos, lo cual no ocurrió.
Para entonces, los aviones no regresaron y aterrizaron en El Salvador, lo que ha desatado un revuelo en el ámbito legal nunca visto en el que incluso el presidente Donald Trump ha sugerido llevar a un juicio político al magistrado Boasberg. El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
Respecto al tema, la ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una “desaparición forzada». Mientras que la Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas del Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
No obstante, diversas investigaciones realizadas por medios estadounidenses, han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales. Y, según ha trascendido, EE.UU. hizo un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión que es reconocida por las diversas denuncias de que viola los derechos humanos abusando de los recluidos allí.
Se dice incluso, información que no ha sido confirmada, que como parte del trato, EE.UU. pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
Fuente: EFE