Redacción Delegalymas
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, a los 16 implicados en la Operación Frontera, luego de acoger solicitud del Ministerio Público, representado por los fiscales Grimaldy Oviedo Merán, Hensey Crucey y Johanny Herrera.
El magistrado Edison Rafael Castro Guerra, del citado tribunal, dictó la medida cautelar a los acusados: Eddy Rafael Cordero Villanueva, alías Nelson y a Osiris Rafael Estévez Fortuna, identificados como cabecillas de la denominada red de tráfico de migrantes desde Haití.
También, Elbio José Castillo Martínez, alias Soco; Hilario Antonio Gómez Paúl, Santo Valerio Contreras, alias Santico; Rafael Zabala Peña, Sandro Liranzo Javier, José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero, Rafael Contreras Arno, Anelby Susaña Guzmán, alias Chichi; Jesús María Cerda Acosta, alias Moreno; Aquilino Sosa Fernández, María Rafaela Batista de Cordero, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y a Edna Joseph, alias Eva.
El juez ordenó que los procesados cumplan la prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios, y declaró de tramitación compleja el caso.
A los 16 imputados se les imputa la violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican como un delito la Trata y Tráfico de Personas.
De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.
Operación Frontera. La desarticulación de la organización por el Ministerio Público incluyó 16 allanamientos, en los que se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.
La acción contó la labor de inteligencia y la investigación desarrollada en coordinación con los diferentes organismos bajo la dirección de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Montecristi, conjuntamente con la División Especial de Crímenes Transnacionales (Deidet), el apoyo en la ejecución de la operación del Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional y la ONG Anti Tráfic Beauro Antitrafficking Bureau (ATB).