Redacción Delegalymas
A Hugo Beras exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, les impuso 18 meses de prisión preventiva.
La jueza Fátima Veloz, al dar el fallo que se había reservado para este jueves la noche del miércoles, decidió que los procesados cumplan la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres.
Para los demás imputados, la magistrada dispuso el arresto domiciliario para que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, mientras que a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Asimismo, a los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Veloz acogió igualmente el pedimento del Ministerio Público de declarar el caso complejo, y fijó la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los acusados para el 9 de enero de 2025.
Respecto a la decisión de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional contra los imputados en la Operación Camaleón, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho la calificó como “el triunfo de la verdad sobre la mentira”.
A su salida de la audiencia este jueves, Camacho aseguró que la decisión del tribunal responde a la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado. Mencionó además, que se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que impulsó la decisión judicial, contrario a los alegatos de la defensa.
Advirtió también sobre nuevas líneas de investigación que podrían resultar en la imputación de más personas. “Ahora nos enfocaremos en seguir recabando evidencias y explorar nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de nuevos imputados”, afirmó.
Operación Camaleón. Los imputados son acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Los delitos que se les imputan están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción, además los 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano que regula estos crímenes, así como también la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.