Redacción Delegalyma
La magistrada Clara Rivera, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó como medidas de coerción a Kenia Guevara Devers, empleada de la Junta Central Electoral, acusada de robo asalariado, una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La imputada, quien era responsable de la custodia de los fondos de caja chica del Departamento de Servicios Generales del organismo electoral, deberá pagar como garantía económica, un millón de pesos.
El Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva para la imputada, mostró en la audiencia las evidencias de que Guevara Devers malversó RD$333,517.94 provenientes de los fondos que debía custodiar.
La instancia acusatoria indica que el hecho se detectó el día 8 de enero del presente año, luego de que la Dirección General Administrativa de la JCE solicitara una auditoría al Departamento de Servicios Generales.
Ante el hallazgo, la encartada admitió que el dinero faltante en el arqueo de la caja chica lo tomó para su uso personal y alegó que tenía algo que resolver por el valor de dicho monto.
Dijo asimismo, que estaba dispuesta a aceptar cualquier decisión que tome la institución.
El Ministerio Público sometió a la imputada Guevara Devers a la acción de la justicia, debido a que la JCE, para la cual trabajaba desde 2014, no le interesa materializar ningún acuerdo.
La institución de persecución penal le otorgó al presente caso la calificación jurídica establecida en los artículos 379 y 386-3 del Código Penal Dominicano, referentes al robo que se comete en perjuicio de un empleador.