Redacción Delegalymas
Prisión preventiva de 18 meses les fue dictada a siete de los imputados en Operación Panthera 7, vinculada a la incautación de las 9.8 toneladas de cocaína en diciembre del año pasado en el Puerto Multimodal Caucedo, y arresto domiciliario por igual cantidad de tiempo a Alexander Henríquez Castro.
La decisión de la medida cautelar fue tomada por los jueces de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, acogiendo la petición del Ministerio Público. El proceso fue también declarado de tramitación compleja, por la jueza Karen Casado Minyety.
La medida de coerción les fue dictada a José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, quienes deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en la provincia San Cristóbal. Está también involucrada en el proceso Alexander Henríquez Castro, a quien se le dictó arresto domiciliario por 18 meses.
Respecto a la imposición de la medida cautelar, el fiscal titular de Santo Domingo Este, Mílciades Guzmán Leonardo, se mostró satisfecho con la misma. “El tribunal, tal y como nosotros habíamos advertido desde el principio, ponderó la solidez de la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público”, manifestó.
Dijo que es una investigación que está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por la magistrada Yeni Berenice, quien afirmó ha trabajado con un equipo de fiscales conocedores de la investigación.
“Nosotros hemos hecho el trabajo de estrado y ha sido acogida la solicitud del Ministerio Público en toda su extensión”, dijo a periodistas a su salida del tribunal.
Reiteró que la jueza ponderó la solidez de lo presentado en cuanto a la carga probatoria, estableciendo que habían presentado vinculación de todos los imputados en el proceso y también ponderando la magnitud del hecho.
Dijo además que no se trata de un crimen sencillo, sino de un crimen organizado. “Hay gente que exhiben participaciones que, según ellos, son pequeñas, pero que el delito no se puede lograr si ellos no llevan a cabo esa participación, y en el día de hoy los objetivos del Ministerio Público en la primera etapa del proceso están completamente logrados”, expresó.
El Ministerio Público. Le atribuye al grupo integrar una red internacional de narcotráfico y el lavado de activos, la cual fue desmantelada en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Durante las acciones contra la denominada red criminal, desarrolladas de manera autónoma por República Dominicana, participaron 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes realizaron arrestos y allanamientos.
Según la solicitud de coerción, durante los allanamientos fueron incautados más de 22 millones en efectivo, en pesos y en dólares., así como 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas y cinco motores fuera de borda y armas de fuego.
Los representantes del Ministerio Público catalogaron a la Operación Panthera 7 como una de las mayores ofensivas operativas en contra del crimen organizado realizada en el hemisferio, al tiempo que reiteraron que en el transcurso de la investigación se han recolectado evidencias que demuestran que los 9,587 paquetes con un peso de 9,889 kilos de cocaína fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente, por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024.
Sostiene el Ministerio Público, que los imputados violaron los artículos 59, 60, 265, y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la “Asociación de malhechores”, así como los artículos 58, 59, 60, 75 y 85 de la Ley 50-88, sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican “Tráfico de Drogas y Patrocinio”.
En el caso de Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito se les acusa de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado Dominicano.