Redacción Delegalymas
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medidas de coerción a Gregorio Antonio Féliz Berigüete, de 26 años, acusado de estafar a siete personas con la venta fraudulenta de vehículos.
La decisión de la imposición de la medida cautelar al imputado fue tomada luego de que el Ministerio Público pidiera al tribunal declarar el caso complejo por la cantidad de denuncias interpuestas en contra de este, y asegurar que cuenta con pruebas materiales, documentales y testimoniales para demostrar en juicio de fondo la responsabilidad penal del imputado en torno a la violación de los artículos 405 y 408 de Código Penal Dominicano, sobre abuso de confianza y estafa.
Los fiscales investigadores establecieron que Féliz Berigüete se dedicaba a ofertar vehículos importados a sus clientes a través de la empresa «Inversiones Antonio Féliz» y a exigirles un pago inicial con plazo de 30 días; sin embargo, no cumplía con entregar dichos bienes.
El órgano acusador abrió una investigación luego de que Miguel Ángel Gerome Pomuceno presentara la denuncia en contra del presunto estafador.
La víctima narró que entregó a Féliz Berigüete la suma de 100 mil pesos el 19 de diciembre de 2018, como pago inicial de un carro marca Honda Civic con valor total de 480 mil pesos, que nunca recibió.
A esta denuncia se suman otras seis víctimas, como es el caso de Jairo Mateo Valenzuela, quien entregó la suma de 300 mil pesos; Luis Daniel Núñez Salas, 280 mil pesos; Natán Santana Sánchez, 130 mil pesos; Alexis Ogando Márquez, 95 mil pesos; Alexander Encarnación Ramírez, 313, 372 pesos, y José Luis Quezada Muñoz, 200 mil, sumas de dinero que entregaron a lo largo de 2019 por vehículos de diferentes marcas y modelos.
El expediente indica que para disfrazar sus operaciones fraudulentas el imputado utilizaba la empresa «Inversiones Antonio Féliz», que si bien cuenta con registro, no posee domicilio.
Gregorio Antonio Féliz Berigüete, quien resultó arrestado mediante orden judicial, deberá cumplir la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de la Victoria como lo dispuso la Oficina de Atención Permanente, hasta que se le conozca juicio de fondo.