Redacción Delegalymas
A María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, otra de los imputados en el Caso Antipulpo, le fue impuesta este lunes una condena de internamiento durante cinco años en un centro psiquiátrico, el pago de 20 millones de pesos como indemnización al Estado dominicano, así como el decomiso de un apartamento ubicado en Las Brisas de Guavaberry, San Pedro de Macorís.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, al acoger el pedimento del Ministerio Público, impuso la condena a Torres Castellanos, quien es acusada de formar parte de la red de corrupción administrativa conformada por el acusado Juan Alexis Medina Sánchez y otros imputados.
Respecto a la decisión de los jueces Keila Santana, Arisleyda Méndez y Elías Santini en torno al caso, el fiscal Ernesto Guzmán, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo al salir del tribunal y responder preguntas a los periodistas que: “es una condena mediante la cual se valida todas y cada una de las imputaciones establecidas en la acusación y sobre en la cual se declara culpable la persona y se ordena el decomiso de un inmueble”.
Al ser cuestionado sobre si pudieran obtener otra sentencia favorable respecto a los demás acusados de la red, expresó: “claro que sí, por supuesto, inclusive, los tipos penales por los cuales ella fue condenada en este momento son los mismos que se le atribuyen a otras personas contra quienes hay un mayor ‘quantum’ probatorio, un mayor elenco de pruebas”.
Guzmán, junto a la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y la fiscal Elizabeth Paredes, representó al Ministerio Público en la audiencia de este lunes en la que se dio lectura al fallo.
Indicó que es la tercera condena que obtiene el Ministerio Público contra los acusados de formar parte de la red que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez.
María Isabel de los Milagros Torres Castellanos. Fue enviada a juicio el pasado año por decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al establecer el Ministerio Público su relación con la empresa Editorama, S.A., vinculada al entramado de corrupción, pero, debido a razones de salud, fue declarada inimputable, por lo que fue enjuiciada en un proceso especial.