Redacción Delegalymas
Los Ángeles (EE.UU). EFE.- Después de que tres jueces bloqueasen la pasada semana en EE.UU. una medida sobre «carga pública» que entraba en vigor este martes, algunos inmigrantes afectados no saben si deben renunciar a unas ayudas que podrían hacerles en un futuro inelegibles a la residencia permanente o la ciudadanía.
La noticia de que jueces federales en los estados de California, Nueva York y Washington ordenaron el viernes pasado bloquear la medida, que haría inelegibles para la residencia permanente a beneficiarios de ciertos programas sociales, dejó en vilo a los miles de posibles afectados.
«Debería sentirme alegre, pero esto es como una tortura que se alarga y que no se sabe cuándo va a terminar», dijo a Efe una residente de Los Ángeles que se identificó como María y que recibe ayuda pública para su hija indocumentada de 12 años.
Ambas llegaron a Los Ángeles desde Guatemala en 2011 de forma irregular, buscando ayuda para la pequeña que sufre de epilepsia. La niña ha recibido tratamiento y actualmente está cubierta por un seguro médico con fondos estatales y federales para personas de bajos ingresos (MediCal), que en California también protege a niños indocumentados. «Mi niña necesita el tratamiento y mi salario no me alcanza para cubrir las medicinas y las citas médicas, ni comprar un seguro privado», narra María, que trabaja en una compañía de limpieza.
Su esposo, un mexicano con residencia permanente, quiere legalizarlas pero posiblemente la regla de «carga pública» las haría inelegibles
«Él me dice que saquemos a la niña por unos días del tratamiento médico mientras iniciamos los papeles para que yo pueda tener mi permiso de trabajo y conseguir algo mejor, pero no soy capaz», dice entre sollozos.
María también se queja sobre la desinformación que existe. La norma supuestamente entraría en vigor este martes. «Nadie realmente nos ha dicho si nos castigarían; la trabajadora social del hospital nos dijo que no, pero uno ya no sabe en quién confiar», confesó.
Según Nancy Flores, subdirectora de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA), el problema de María y de muchos otros indocumentados de bajos recursos que busquen legalizarse es que la norma «también analiza los activos/pasivos de la imagen económica completa de los migrantes».
De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), «la inadmisibilidad basada en la carga pública está determinada por la totalidad de las circunstancias».
Esto significa que un funcionario debe sopesar los factores positivos y negativos para determinar si alguien se convertirá en «carga pública», explica Flores.
Como mínimo, un oficial de USCIS debe considerar varios factores, entre ellos edad, salud, estado familiar, bienes, recursos, estado financiero, educación y habilidades del migrante.
Al enumerar estos requisitos, María solo atina a decir que «entonces es mejor quedarse sin papeles».
Jason Boyd, consejero de políticas de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), califica la medida como un muro invisible de la Administración Trump.
«Un muro hecho no de ladrillo o acero, sino de políticas que restringen sistemáticamente la inmigración legal hacia y en los Estados Unidos», agregó Boyd.
La implantación de la regla hubiera afectado directamente a cerca de 1,2 millones de solicitantes anuales de la residencia permanente, incluyendo alrededor de 500.000 que ya están en el país.
Pero el denominado muro invisible también estaría afectando a ciudadanos estadounidenses.
Ese es el caso de un colombiano de nombre Juan, naturalizado en EE.UU. que legalizó el estatus de su mamá hace casi tres años. «Todo iba bien hasta que ella se enfermó, le dio un derrame cerebral y justo yo perdí el trabajo, así que el estado nos está ayudando con los gastos de su recuperación», advierte Juan, residente del sur de California y que prefirió omitir su apellido.
Su abogado le ha dicho que Inmigración podría cobrarle los gastos médicos de su madre ya que él es el responsable por estos gastos, y que la regla de «carga pública» pudiera afectar una petición de ciudadanía para la señora de 78 años.
«Esto es una cuestión de vida o muerte, no voy a poner a mi mamá en riesgo, si quieren que me vengan a cobrar», replicó.
Flores señala que aunque aún no tienen claro si la medida afectará a los inmigrantes ancianos de manera desproporcionada, «ciertamente esto es posible».
«Las personas mayores pueden presentar más problemas de salud y si son de bajos ingresos a menudo dependen de la ayuda pública para recibir tratamiento», indicó.
Flores añade que esto puede afectar a personas mayores -dentro o fuera de EE.UU.- en proceso de ajustar la residencia legal permanente, y resultar en la negación del amparo migratorio.
Bajo la nueva regla presentada por USCIS en agosto pasado, un inmigrante legal que vive en EE.UU. será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
Mientras la batalla legal sigue en los tribunales, autoridades estatales y organizaciones pro inmigrantes han iniciado campañas de información sobre la norma