Redacción Delegalymas
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, continuará en prisión, en su nuevo intento de solicitud de variación de la medida de coerción en la audiencia de este viernes, el juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción la aplazó para el próximo 17 de octubre a las 9:00 de la mañana.
Al respecto el abogado de la defensa del imputado en la Operación Caso Medusa, Carlos Balcácer, dijo que la negación de parte del Ministerio Público de poner en libertad al exfuncionario de esa dependencia de justicia se debe a “una venganza”. “No es secreto para nadie de que se está haciendo venganza de parte del Ministerio Público”.
Asimismo, el procurador adjunto Wilson Camacho Wilson Camacho, dijo que Jean Alain Rodríguez Sánchez debe mantenerse en prisión preventiva, como medida de coerción, y deploró el afán del imputado por “alargar y obstruir el proceso valiéndose de un sinnúmero de recursos, incluyendo personas y dinero”.
“¿Por qué Jean Alain debe seguir en medida de coerción de prisión preventiva? porque en ningún caso, ningún acusado ha dedicado tanto tiempo, personas y dinero para procurar obstruir un proceso”, respondió Camacho el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a periodistas que le preguntaron sobre el tema a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Aseguró que el Ministerio Público estaba listo para conocer la revisión de medida de coerción. “Nosotros, se puede revisar nuestro récord, nunca, en ningún caso, hemos aplazado ninguna revisión de medida de coerción, incluso, cuando los propios documentos que traen las defensas, se nos entregan en las salas de audiencia”, apuntó.
“Nosotros revisamos en las salas de audiencias y tenemos la capacidad para responder en ese mismo escenario”, añadió.
“¿Por qué se ha aplazado la audiencia en el día de hoy? Bueno, el tribunal ha dicho a la defensa de Jean Alain Rodríguez que deben notificar su solicitud y sus presupuestos a la barra del Estado y a la Fundación Alfredo Nobel. Ellos debieron poner este proceso en condiciones de ser conocido, no lo hicieron, y por su falta, esta audiencia se ha aplazado en el día de hoy, cuando el Ministerio Público estaba listo para conocerla”, dijo.
Recalcó Camacho, que el Ministerio Público tiene una investigación blindada en contra de Rodríguez Sánchez. “Si ustedes se dan cuenta, Jean Alain no suele hablar de la cantidad de hechos sobre esa acusación, no habla del movimiento Renovación, no habla del esquema de sobornos que se estableció en el Plan de Humanización, no habla de un solar que le fue vendido, incluso a la Fiscalía del Distrito Nacional, entre otros temas que nosotros habremos de discutir en el tribunal en su momento oportuno”, sostuvo.
Recomendó al exfuncionario “concentrar sus energías en defenderse de una acusación de la que él sabe que no tiene escapatoria”.
Otros imputados de la Operación Medusa. Enfrentan también cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos, según las investigaciones del Ministerio Público, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo, quienes igual están privados de libertad.
También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, que cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
El Ministerio Público presentó una acusación con un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.