Redacción Delegalymas
La expresidenta interina de Bolivia, acusada de “sedición, terrorismo y conspiración”, tras ser detenida el sábado en la madrugada, en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía boliviana, Jhonny Aguilera, la justicia decidió enviarla a prisión preventiva por cuatro meses, luego de una audiencia virtual realizada este domingo.
Su arresto se produjo después de la aprehensión de los exministros transitorios Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía, y de que se emitieran órdenes de captura también para otros exmiembros de ese Gobierno.
La exmandataria, acusada por el caso “golpe de Estado” contra el expresidente Evo Morales, fue enviada a prisión este domingo al igual que sus exministros, después de que la Fiscalía lo solicitara por “riesgo de fuga”.
Este lunes Áñez fue trasladada, bajo fuertes medidas de seguridad, a la prisión Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras sus exministros Guzmán y Coímbra fueron llevados a la cárcel de San Pedro.
Caso “golpe de Estado”. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo el sábado que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Áñez “por el caso de un golpe de Estado en nuestro país».
Según explicó Del Castillo, la investigación contra Áñez y sus ministros comenzó en diciembre y seguirá el debido proceso.
Las autoridades también emitieron órdenes de detención sobre los exministros interinos de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno (Interior) transitorio, Arturo Murillo; y de Defensa, Luis Fernando López. Los dos últimos no se encuentran en el país.
El gobierno socialista, que regresó al poder en octubre del año pasado, acusa al gobierno de Áñez y a exlíderes policiales y militares de derrocar a Evo Morales en 2019, en una supuesta asonada.
Áñez asumió el poder a fines de 2019 después de la profunda crisis desatada tras las controvertidas elecciones del 20 de octubre que llevó a la dimisión de Evo Morales.
La renuncia de Morales se produjo en medio de violentas protestas y acusaciones de fraude, y después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.
La teoría del golpe de Estado, que defiende el oficialismo boliviano, es refutada por sectores de oposición que señalan que en 2019 se produjo un levantamiento social provocado por el presunto fraude electoral con el que Morales pretendía quedarse en el poder por cuarta vez consecutiva, pese a que la Constitución del país solo permite dos mandatos seguidos.
Áñez estuvo en el poder hasta finales de 2020, cuando el partido socialista MAS de Evo Morales arrasó en las elecciones de octubre con el presidente Luis Arce a la cabeza.
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La propia Áñez se pronunció sobre su inminente arresto antes de que se produjera.
“La persecución política ha comenzado”, sostuvo la expresidenta en su cuenta oficial de Twitter. “El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura”, manifestó.
“Nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política, nosotros no amedrentamos a quienes piensan diferente, pues estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país desde la gestión 2020”, explicó el ministro de Gobierno.
“Este gobierno no está persiguiendo a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país”, manifestó.
Tras detención, la exmandataria dirigió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia en las que pide la presencia de una misión de observación para que “evalúe de manera objetiva” su arresto y el de sus dos exministros.
En las misivas denuncia una “sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.
Fuente: BBC News Mundo