El juez Jon S. Tigar, del Distrito Norte de California, falló este martes a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza las medidas implementadas en mayo pasado tras el fin del Título 42, con la que el Gobierno de Estados Unidos redujo en junio pasado los cruces en la frontera.
El magistrado Tigar favoreció una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados que rechaza la medida, al considerar que viola las leyes de asilo de EE.UU. y pone en peligro a los solicitantes.
“El fallo es una victoria, pero cada día que la Administración de Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan refugio para sus familias quedan en grave peligro”, dijo a la agencia EFE Katrina Eiland, defensora legal de ACLU.
Un plazo de 14 días dio el juez Tigar al Gobierno de Biden para responder al fallo emitido.
“Estamos dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario”, adelantó Blas Nuñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Al magistrado Tigar se le conoce por haber bloqueado la medida del pasado Gobierno del expresidente Donald Trump en el período 2017-2021, la cual restringía la posibilidad de pedir asilo a los migrantes que hayan pasado por otros países, a los que debían dirigir sus solicitudes antes de continuar su hacia EE.UU.
Consideran, tanto el juez como los demandantes, que la nueva regla de la administración Biden se asimila bastante a la de Donald Trump.
En ese sentido, ACLU y los demás grupos recordaron que durante su campaña electoral Joe Biden prometió restaurar el sistema de asilo, sin embargo, “ha duplicado las crueles restricciones de su predecesor».
Consideran los demandantes, que dichas reglas fronterizas “operan tal como lo hicieron las vedas de asilo del Gobierno anterior”.
Respecto al tema, Katrina Eiland, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, expresó en un comunicado: “Hemos recorrido este camino antes con Trump, las prohibiciones de asilo eran crueles e ilegales entonces, y nada ha cambiado ahora”.
El objetivo de la demanda, explicó la jurista Eiland, busca “un retorno por parte del Gobierno al proceso legal, lo cual significa que cuando una persona llega a un puerto de ingreso o cruza la frontera entre esos puertos, tiene el derecho de pedir asilo y que se escuche su caso”.
Medidas impuestas en EE.UU. tras el fin del Título 42. Las medidas impuestas por el Gobierno de Biden y la aplicación de las leyes migratorias tras el fin del Título 42 en mayo pasado, que permitían la expulsión inmediata de migrantes por razones sanitarias, ha logrado una disminución en las detenciones en la frontera suroeste del país, según los demandantes.
Señalan que en junio pasado, el primer mes desde que se implementaron las medidas, el número de detenciones cayó a los niveles de febrero de 2021 con 99.545 migrantes detenidos, de acuerdo con los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
No obstante, Blas Nuñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de EE,UU. defendió la decisión de Gobierno de Biden al imponer las restricciones.
Fuente: EFE