Redacción Delegalymas
El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, emitió este viernes una orden de alejamiento recíproca para el presentador de televisión Clemente Báez Doñé (Julio Clemente) y su expareja.
A Báez Doñé, acusado de violencia de género, se le ordenó acudir de manera periódica al Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional para recibir terapias para el manejo de la ira.
El magistrado Vargas también emitió orden de protección para las dos partes envueltas en el conflicto, en el entendido de que en esta relación existe violencia cruzada.
La Fiscalía del Distrito Nacional había solicitado prisión preventiva como medida de coerción contra Báez Doñé, pero este fue dejado en libertad. Según el juez, se encontró indicios de violencia en el proceso que lo llevaron a aplicar las citadas medidas.
De su lado, el Ministerio Público plantea que tiene pruebas sobre la amenaza de muerte que recibió la expareja del comunicador el pasado lunes 23 de noviembre. La víctima se querelló ante la Unidad de Violencia de Género contra Báez Doñé, luego de conversar con un amigo a quien llamó asustada por la vía telefónica.
El expediente explica que desde el pasado mes de julio, la Fiscalía del Distrito Nacional estaba apoderada de una denuncia interpuesta por Báez Doñé, quien acusó a su expareja de presentarse a su lugar de trabajo.
Dijo que, una vez allí, la mujer procedió a rayarle el vehículo y a ponchar los dos neumáticos del lado derecho. En ese momento el ahora imputado aportó un video que resultó insuficiente para evidenciar que la señora cometió el hecho.
Por el momento, el Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 309-2, 309 literal E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, y la Ley 53-07 sobre Delitos Electrónicos.
La Fiscalía del Distrito aporta, entre las pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción que había solicitado, testimonios de familiares y amigos de la mujer, así como los informes de riesgo y emocionales expedidos por dos psicólogas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).