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San Salvador.- Un juez salvadoreño dictó este miércoles la detención preventiva para diez exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Cerén, para que sean procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador también resolvió girar oficio a Interpol para que emita difusión roja contra el expresidente Sánchez Cerén y otros cuatro exfuncionarios de la administración Funes que se encuentran prófugos. “Ha finalizado la audiencia inicial contra los diez imputados contra los que la Fiscalía presentó el requerimiento.
El juez conoció tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes y su resolución fue dictar detención provisional contra las diez personas imputadas”, dijo a las periodistas una de las fiscales del caso.
El Ministerio Público presentó la acusación contra la doctora Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología.
Además, se presentó la acusación y se solicitó la orden de captura con difusión roja contra Sánchez Cerén, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública, y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.
Las autoridades han dicho que varios de los implicados se encuentran fuera del país, y el presidente Nayib Bukele confirmó que Sánchez Cerén salió vía terrestre en diciembre de 2020 y no regresó. Se especula que estaría en Nicaragua.
La mayoría de los acusados son prominentes dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido político formado a partir de varios grupos guerrilleros que gobernó el país entre 2009 y 2019 con los presidentes Funes y Sánchez Cerén.
Los representantes de la Fiscalía dijeron que durante la audiencia que inició el martes, lograron exponer de manera amplia y detallada el resultado de la investigación en la que se logró determinar que mensualmente se erogaban aproximadamente cinco millones de dólares para entregarlos ilícitamente a los funcionarios públicos procesados.
En su acusación, la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, estableció que los exfuncionarios recibieron ilícitamente 2,6 millones de dólares. Entre las pruebas presentadas se encuentran los recibos originales que los imputados firmaban cuando recibían el dinero.
Explicaron que, en el análisis técnico jurídico, lo que se está conociendo en el caso no son sobresueldos, sino que se trata de entrega de dinero al margen de la ley, que nunca fue fiscalizado. Señalaron que para que un funcionario pueda recibir sobresueldos, tiene que estar previamente estipulado en la ley y que, en este caso, ninguno estos exfuncionarios procesados tenían establecido en ninguna ley le entrega de este tipo de remuneraciones.