Inicio Justicia Jueza del tribunal que conoce Caso Odebrecht esta positiva a la COVID-19; juicio fue pospuesto para el 8 de julio

Jueza del tribunal que conoce Caso Odebrecht esta positiva a la COVID-19; juicio fue pospuesto para el 8 de julio

por DeLegalymas

Redacción Delegalymas

Debido a que la jueza Jissel Naranjo, quien junto a Esmirna Giselle Méndez y Tania Yunes, que conocen el Caso Odebrecht, dio positivo a la COVID-19, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospuso para el 8 de julio la audiencia del juicio de fondo que se sigue contra seis imputados de recibir y distribuir los sobornos que admitió haber entregado la empresa constructora para obtener contratos de obras públicas en el país.

El tribunal aplazó otra vez la audiencia, ahora debido a la ausencia por contagio de la COVID-19 de la magistrada. “Por el principio de inmediación, que establece que los jueces deben conocer de manera ininterrumpida el juicio, entonces, una vez iniciada la instrucción del proceso, ya no es posible que otro juez entre al caso”, explicó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sobre las razones de esta tercera suspensión.

El tribunal informó que la jueza Naranjo ha dado positivo a la COVID-19 y se encuentra en espera del resultado negativo, que la habilite para reintegrarse a sus labores. Esta suspensión está sustentada en el artículo 315, numeral 3 del Código Procesal Penal, ante la imposibilidad de la participación de la composición del tribunal que está conociendo el proceso.

La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional establece que el juicio será continuado el próximo jueves 8 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana, con la participación de todas partes involucradas.

Este lunes serían presentados los testigos a descargo del abogado Conrado Pittaluga Arzeno, uno de los seis implicados en el caso de los $92 millones de dólares producto de los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios para adjudicarse obras en el país desde el 2001 y hasta el 2017.

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