La jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio a 35 de los 40 imputados en la denominada por el Ministerio Público “Operación Calamar, mientras que favoreció con un no ha lugar a los cinco restantes, entre estos los exministros José Ramón Peralta, administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, de Obras Públicas.
Entre los enviados a juicio están el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y el abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como otras 33 personas acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de la señalada estructura de corrupción administrativa.
Respecto a la decisión judicial, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio. Sin embargo, consideró que deben ser los 40 procesados que deben ir a juicio a responder por los delitos que se les imputan.
En ese sentido, adelantó que el Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar emitido por el tribunal en el caso de José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas, así como otros tres acusados.
Dijo que entre los enviados a juicio además de Donald Guerrero Ortiz y el abogado Ángel Lockward, también se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
Expresó Camacho al ser abordado por periodistas que cubren la fuente este viernes al salir de la audiencia, tras el fallo de la jueza Altagracia Ramírez: “En primer lugar, la decisión que emitió el tribunal en el día de hoy, hace referencia a 40 personas acusadas, entre personas físicas y personas morales; 35 de ellas han sido enviadas a juicio, incluyendo el caso de Ángel, Donald Guerrero, que es el eje operativo de esta estructura criminal”.
“El tribunal dictó algunos autos de no ha lugar a apertura a juicio a cinco personas, y, desde ahora, le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión. Y la vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas”, subrayó.
Dijo en ese sentido, que el tribunal acogió los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. “Esos mismos testimonios, a viva voz del tribunal, y están grabados en la audiencia; el tribunal, ni se refirió, cuando dictó estos autos de no ha lugar; por ende, no valoró correctamente esta prueba”.
“El tribunal, incluso, dio un auto de no ha lugar a uno de los acusados que, en un documento que aportó el Ministerio Público al tribunal, escribió su nombre de puño y letra, por seis personas, incluyendo algunas de ellas que estaban fallecidas”, dijo.
“Es evidente que el tribunal entra en contradicción, en inobservancia y en errónea apreciación de las pruebas con relación a estos autos de no ha lugar que otorgó y esa es la razón por la que el Ministerio Público los va a apelar”, enfatizó.
“Yo creo que se hace necesario repetir, que estos hechos ocurrieron en el Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda de ese momento está enviado a juicio en este proceso junto a otras 34 personas”, precisó el director general de Persecución.
Agregó asimismo: “Eso deja al Ministerio Público con un caso en el que ofertó pruebas suficientes para que fueran enviados a juicio y están enviados a juicio”.
La decisión de la jueza. Envió a juicio a 35 acusados, al establecer que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en hechos de corrupción administrativa en el entramado criminal desmantelado con la “Operación Calamar”.
El equipo que representó al Ministerio Público en la litigación lo encabezó el procurador adjunto Wilson Camacho junto a los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.
El expediente había quedado en estado de fallo el pasado 27 de marzo del año 2026, día en que se cerraron los debates y todas las partes quedaron convocadas para este viernes a las 3:00 de la tarde, cuando se escucharía la decisión judicial, tal como ocurrió. La audiencia inició pasadas las 7:30 de la noche de este viernes y concluyó pasadas las 11 de la noche.
El tribunal entregó la sentencia en formato digital a cada una de las partes, debido a lo avanzado de la hora, ya que la jueza Ramírez hizo una lectura sucinta de los puntos más importantes.