Redacción Delegalymas
La audiencia para el conocimiento de medidas de coerción a los imputados en el Caso Coral fue recesada para este jueves a la 1:00 de la tarde, por la jueza Kenya Romero, quien luego de ser recusada la semana pasada por la defensa de uno de los involucrados, la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió que continuara en el caso.
Este miércoles el Ministerio Público procedió con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra el mayor general Adan Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros cuatro involucrados en el Caso Coral, que califica como un entramado de “corrupción en las entrañas del poder”.
La Pepca pide 18 meses de prisión preventiva para los seis imputados y que el caso sea declarado complejo. La prisión fue solicitada en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa, así como el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, garantizó que el Ministerio Público seguirá realizando todos los esfuerzos necesarios para procesar a todos los implicados en el entramado de corrupción administrativa desarticulado con la Operación Coral.
Sostuvo que el Ministerio Público llevará ante los tribunales a “tantas personas como sea necesario” y “las evidencias indiquen que están vinculadas a este entramado de corrupción”.
Los representantes del Ministerio Público detallaron parte de los bienes acumulados de forma irregular por los involucrados en el expediente. También hicieron referencia a un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, y el que, según explicaron, pertenece al general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
“Sin embargo, no entendemos por qué disfraza dicha propiedad a través de un contrato de alquiler por el que supuestamente paga tres mil dólares mensuales por una propiedad de uso esporádico”, expuso una de las representantes del Ministerio Público.
La procuradora adjunta y directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, pidió al tribunal que proceda a declarar la complejidad del proceso y que imponga la prisión preventiva por 18 meses en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Najayo, San Cristóbal.
Reynoso dijo que en la instancia teorizaron sobre la corrupción, definiéndola como una plaga insidiosa y de amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, “porque socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de la delincuencia organizada”.