Este viernes el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) fue despojado de todos sus derechos políticos por la Justicia electoral de esa nación, tras declararlo culpable de “abusos de poder» durante la campaña del año pasado en la que obtuvo la Presidencia el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión, que contó con cinco votos frente a dos disidentes en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el expresidente de la ultraderecha, de 68 años, no podrá aspirar a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula.
El último voto fue emitido por el presidente del TSE, el juez Alexandre de Moraes, quien fue objeto permanentes ataques de los seguidores de Bolsonaro antes y durante la campaña electoral, en la que fue acusado, de presuntas “maniobrar” para “favorecer» a Lula.
Según De Moraes, la sentencia es una respuesta al “degradante populismo nacido en los discursos de odio y antidemocráticos, que propagan una asquerosa desinformación no sólo en Brasil, sino en todo el mundo, con el único objetivo de engañar a los electores”.
Cinco de los siete miembros del TSE respaldaron la posición del relator del proceso, Benedito Gonçalves, quien consideró a Bolsonaro culpable de “abusos de poder” durante la campaña para las elecciones de octubre del año pasado.
La acusación a Bolsonaro. Se fundamenta en una supuesta reunión que éste convocó con embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, con la intención de descalificar la transparencia del sistema electoral y la democracia.
Según la sentencia emitida este viernes, el exmandatario cometió “abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo” y así como también “uso indebido de predios públicos y medios de comunicación”, esto porque Bolsonaro ordenó que la televisión pública transmitiera el evento.
Las consideraciones de la mayoría de los jueces se basaron en dicha reunión y la cual afirmaron se convirtió en una “sistemática campaña de desinformación” que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral y todas las instituciones democráticas del país.
“No eran opiniones personales”, como sostuvo la defensa, dijo el juez De Moraes, quien enfatizó que se trató de “mentiras permanentes y fraudulentas” que apuntaban a “subvertir y pervertir” el proceso electoral y con eso, “a la propia democracia».
La “libertad de expresión no es libertad de agresión”, de “mentira”, de “desinformación” y de “fraude”, ni una herramienta para que “líderes populistas y extremistas conquisten al elector» con “discursos de odio y antidemocráticos” difundidos en las redes sociales “con un barniz falso de veracidad”, agregó.
Fuente: EFE