Este lunes la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú revocó la orden de prisión preventiva y ordenó orden de comparecencia ante las autoridades a tres implicados en una supuesta red de sobornos durante el gobierno del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
La orden de comparecencia, la cual tiene como restricción impedimento de salida del país durante 36 meses, fue dictada a la empresaria Sada Goray, Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia Johanson, investigados por colusión y otros delitos en el denominado caso Fondo MiVivienda.
El tribunal decidió que la medida impuesta es proporcional, ya que los tres investigados tienen arraigo domiciliario, laboral y familiar, y no existen indicios en su contra que adviertan el peligro de fuga ni de obstaculización del proceso, señaló en su cuenta de X.
Añadió asimismo, que en el caso del periodista Mauricio Fernandini, el tribunal aplicó la figura de ‘sustracción de la materia’, es decir que no emitió pronunciamiento, porque semanas atrás la Sala Superior declaró fundado el cese de su prisión preventiva.
El caso. De acuerdo con la información, hace aproximadamente un año, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva a Goray, Fernandini, Arroyo y Gavidia mientras eran investigados por su presunta participación en una red de sobornos en el Gobierno de Castillo.
En el caso de Goray, es investigada por presuntamente haber pagado unos 4 millones de soles (poco más de un millón de dólares) a una red corrupta instalada en el Ministerio de Vivienda y Construcción, con el fin de lograr la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria.
En cuanto a Fernandini, un conocido periodista televisivo y radial, es acusado de haber sido intermediario en el pago de los sobornos entre Goray y Salatiel Marrufo, un exasesor del exministro de Vivienda Geiner Alvarado.
Según los medios locales, tanto Goray como Fernandini se han acogido a la figura de la “colaboración sincera” con la Fiscalía para intentar obtener unas condenas menos severas.
Se recuerda que el expresidente Castillo cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva y otra de 18 meses mientras se le investiga por ser el presunto líder de esta organización corrupta y por la supuesta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Fuente: EFE