Redacción Delegalymas
El surgimiento de mecanismos de censura, decisiones judiciales que vulneran la libertad de expresión, iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes, materializados en distintos estados de México, preocupa a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La SIP expresa profunda alarma ante los casos registrados en las recientes semanas, los que considera como una preocupante tendencia, señalando entre estos, un caso ocurrido en Campeche, donde un tribunal local impuso una orden judicial “sin precedentes” al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la gobernadora Layda Sansores, según información de la prensa local.
Indica la sociedad defensora de la libertad de prensa en las Américas, que la medida obliga al medio ‘Tribuna Campeche’ a someter todo su contenido a revisión previa de un interventor judicial, constituyendo un claro caso de censura previa, proscrita por estándares internacionales y la Constitución mexicana. “Esto sucede pese a que un tribunal federal ya había declarado inconstitucional una sanción anterior contra el mismo periodista”.
Se refiere igualmente a Puebla, done afirma, la reciente reforma al artículo 167 del Código Penal amplía el delito de “Ciberacoso” e introduce un nuevo supuesto de “violencia digital” que castiga con prisión a quien “realice publicaciones que afecten la dignidad” de una persona, según informes de la prensa.
En ese sentido, la SIP advierte que la redacción ambigua y amplia de la norma puede utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos, lo que representa una forma de censura legal anticipada.
La SIP menciona también Ciudad de México, donde afirma el Instituto Nacional Electoral (INE) exigió al medio digital ‘La Silla Rota’ que entregue documentos, videos y fuentes vinculadas a una investigación sobre presunta entrega de “acordeones”, en la elección judicial del 1 de junio, con la amenaza de una multa de hasta 11 millones de pesos (cerca de US$590.000) en caso de incumplimiento, representando esto, una forma de presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico.
Añade asimismo, que ‘La Silla Rota’ ha señalado que se pretende vulnerar su derecho constitucional al secreto profesional y la protección de fuentes. Les llaman “acordeones” a listas que contienen información sobre candidatos o partidos políticos, diseñadas para facilitar el voto durante las elecciones.
Explica la SIP, que según señaló la Alianza de MediosMx, el caso de ‘La Silla Rota’ no es aislado, ya que en las últimas semanas el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó al periodista Héctor de Mauleón y a ‘El Universal’ retirar una columna crítica, con base en una demanda promovida por una candidata local.
“El INE colaboró en ese proceso entregando al tribunal datos personales del periodista. En otro caso, el organismo también pidió a la periodista Laura Brugés revelar la identidad de una fuente relacionada con los mismos ‘acordeones’, en contra de la legislación vigente que protege la secrecía periodística”, precisa.
“Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo. Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder”, expresó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.
De su lado, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), expresó: “Estos hechos sientan precedentes graves. Si un medio local es obligado a someter su trabajo al visto bueno de un interventor judicial, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio. Y si desde un órgano electoral se exige a periodistas revelar fuentes o enfrentar multas millonarias, estamos ante una forma sofisticada de coerción que no puede tolerarse”.