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Ley 1-24 vulnera los derechos fundamentales de la sociedad, afirma el Consejo de Unidad Evangélica

por DeLegalymas

Redacción Delegalymas

En  “todo el sentido de la palabra”, la recién promulgada Ley 1-24 limita y vulnera los derechos fundamentales adquiridos por la ciudadanía en cuanto a la libertad, el derecho a la privacidad y el secreto profesional, afirma el pastor Feliciano Lacen Custodio, del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE).

Considera el religioso, que es lamentable que surja esta ley después de haber avanzado en los últimos 12 años en tener una nueva Constitución y leyes que amparan y protegen el derecho, que reta y motiva a los ciudadanos a regirse por los valores y principios fundamentales de la dignidad humana, la que reconoce como valor supremo que sustenta el reconocimiento y el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en su texto.

Indica Lacen Custodio, que la Constitución dominicana plantea un sistema de derechos fundamentales que busca un equilibrio entre la libertad y la justicia social, y en el que la dignidad, la igualdad y la libertad son el núcleo de valores del sistema de derechos fundamentales que deben protegerse y garantizarse en entre los dominicanos.

“Hoy nos encontramos con una normativa que tiene ambigüedades en sus artículos 9, 11 y 2, los cuales pudieran prestarse a interpretaciones diversas, y que los dominicanos volvamos a vivir en ‘carne propia’ el abuso de poder, el autoritarismo desmedido y  las consecuencias de este tipo de obligaciones, que convertirá a los dominicanos y dominicanas en ‘chivatos’ al servicio del mejor postor, para obligarnos a convertirnos en oídos y ojos del Estado y a estar dispuestos a denunciar cualquier real o presunta desviación en las actuaciones de terceros”, sostuvo.

En ese sentido, el representante del CODUE dijo que suman su voz de preocupación e interés, manifestado por la Asociación Dominicana de Diarios, líderes prominentes de las iglesias evangélicas y católicas, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), especialistas en derecho constitucional, y la opinión pública expresada en medios y plataformas digitales.

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