Redacción Delegalymas
Buenos Aires. EFE.- Con su aprobación en la Cámara de Diputados, la ley del aborto impulsada por el Gobierno argentino pasó este viernes su primer escollo, aunque para ser sancionada y entrar en vigor aún queda por delante lograr el crucial visto bueno del Senado, que hace dos años rechazó un proyecto similar.
La iniciativa, que plantea acceder legalmente a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación -actualmente solo se permite abortar legalmente si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida, según el Código Penal de 1921-, recibió los votos a favor de 131 diputados, 117 en contra y 6 abstenciones.
Durante una sesión parlamentaria de 20 horas ininterrumpidas y con multitud de personas, tanto a favor (marea verde) como en contra (celestes), manifestándose a las puertas del Congreso, quedaron patentes las diferencias que el tema genera en la sociedad y dentro de los partidos, tanto oficialistas como opositores, aunque de antemano se preveía que, como ya ocurrió en 2018, el “sí” acabaría imponiéndose.
Se repite la experiencia. En aquella ocasión, la primera en que se debatía la ley del aborto tras años de lucha feminista, la diferencia de votos fue menor (129 a favor, 123 en contra y una abstención). Además, el texto no procedía del Ejecutivo, entonces encabezado por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), sino que había sido redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Hoy estamos más cerca de que el aborto voluntario sea ley, de un país donde las mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer verdaderamente todos sus derechos y decidir sobre sus propios cuerpos y sus propios proyectos de vida”, expresó hoy esa plataforma.
En el lado contrario, desde la Unidad Provida, red que agrupa a más de 150 organizaciones contra el aborto, apuntan a que, a pesar de haber ganado el sí, 14 votos abajo es una diferencia “pobre” teniendo en cuenta “las presiones” que creen que se han dado desde el otro lado.
“Sabíamos que era una votación muy difícil en Diputados: el presidente de la Cámara está a favor, el Ejecutivo presionando con los ministros, los cuatro presidentes de las comisiones eran verdes también”, dijo a Efe Santiago Santurio, integrante de la plataforma, que se mostró con “ánimo” para lo que queda de debate de proyecto, que consideró “cruel” e “invotable”.
El siguiente paso, ahora, está en el Senado, cuyos miembros representan a las provincias, algunas de ellas con perfil más conservador y donde, según las primeras estimaciones, los partidarios de aprobar la ley volverán a tener dificultades, aunque confían en que no tantas como en 2018, cuando los 31 votos conseguidos, de 72 totales, no fueron suficientes.
Por el momento, se desconoce la fecha en que se debatirá el proyecto en la Cámara Alta, pero no se descarta que sea antes de fin de año, como tampoco que llegue a ser determinante la postura que adopte la expresidenta y actual vicepresidenta del país,
Cristina Fernández de Kirchner, ya que, como titular del Senado, puede ejercer el voto en caso de empate.
Los detalles de la Ley. Si el texto es sancionado, toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto legal, seguro y gratuito, dentro del plazo de 14 semanas establecido -y más allá si el embarazo fue fruto de una violación o corre riesgo la vida materna-, en un tiempo máximo de 10 días desde su requerimiento.
Las menores de 13 años podrán hacerlo mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal, y las que tengan entre 13 y 16, si el procedimiento se hace de forma invasiva y no con un medicamento, de forma que quede comprometida su salud, deberán dar consentimiento con la asistencia de sus progenitores o tutores.
Asimismo, las mayores de esa edad se considera que tienen “plena capacidad” para pedir la interrupción del embarazo.
Respecto a la objeción de conciencia, tendrán derecho a ejercerla los profesionales que intervengan en el aborto, pero deberán derivar “de buena fe a la paciente” a otro profesional “sin dilaciones”.
Un problema de salud pública. Ya desde la campaña electoral que llevó a la victoria en 2019, el presidente Fernández se comprometió a impulsar este proyecto con la principal motivación de reducir los abortos clandestinos, que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
“Velar por la asistencia y el acompañamiento de todas las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo es entender que se trata fundamentalmente de un problema de salud pública”, dijo en la sesión la diputada del gobernante Frente de Todos Cecilia Moreau, mientras que Silvia Lospennato, del opositor Juntos Por el Cambio, consideró que se está legislando “por la verdad, la igualdad y la libertad”.
Sin embargo, Carmen Polledo, de la misma coalición opositora, lamentó que se discuta este asunto en vez de solucionar “todos los problemas urgentes y dramáticos” que tiene el país, en medio de la pandemia de covid-19 y de la recesión que arrastra Argentina desde 2018. Y criticó que la “prioridad” del Gobierno sea “ofrecerles la legalización del aborto a los colectivos feministas”, ya que en su opinión “no es un reclamo” general de las mujeres.
“El aborto es el emergente claro de la falta de educación, de oportunidades, de las desigualdades y las violencias contra la mujer, y en lugar de resolver las causas venimos a proponer que quede en la esfera privada de la mujer la resolución del problema, ofreciéndole como única solución que pueda disponer de la vida de su hijo”, reprochó Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal.
Como contrapunto para tratar de ampliar la base de apoyos, el mandatario envió también al Congreso la creación del programa “de los 1.000 días”, que ofrece ayuda estatal a las mujeres que den a luz para luchar contra la malnutrición, prevenir la violencia y promover el desarrollo emocional y físico de las madres y de sus hijos hasta los 3 años.
Las penas. Respecto a la cuestión penal, la ley establece que será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año la persona que, tras la semana 14 de embarazo, y siempre que no medien las excepciones previstas, cause su propio aborto o consienta que se lo hagan, aunque podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hagan “excusable” la conducta.
La tentativa de aborto por parte de la propia mujer no será punible.
Así, quien cause un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si lo hizo sin consentimiento de la persona gestante, una pena que podrá elevarse hasta 15 años si conlleva que además muera la embarazada, y será de 3 meses a 1 año de cárcel si lo hizo con consentimiento de la mujer luego de la semana 14 de gestación