Redacción Delegalymas
Para desarticular una organización presuntamente criminal -Investor Winner- a través de la cual sus miembros se dedicaban a captar sumas millonarias procedentes de personas a las que prometían rendimientos mensuales desde un 10% y hasta un 30%, el Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Gaviota.
Mediante la red, la firma Investor Winner logró captar más de 3,000 millones de pesos. Con diversos allanamientos en La Altagracia, Azua, Dajabón, Santo Domingo y el Distrito Nacional, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, fueron arrestadas personas y se incautaron evidencias relacionadas con la investigación.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometía ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.
Indica además, que los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Añade asimismo el Ministerio Público, que las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal, no obstante, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.
Precisa la información, que los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales, y además usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Detalla la acusación preliminar, que para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema, desapareciendo de sus domicilios habituales, y mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua, y algunos salieron del país.