Redacción Delegalymas
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva contra imputados por trata de personas arrestados en la operación Cattleya.
Mediante una instancia dirigida a ese tribunal, depositada este sábado, la institución persecutora del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.
También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.
El caso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, contra los cuales el Ministerio Público solicita que se ordene la clausura temporal.
La solicitud de medida de coerción fue depositada por Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, así como por las fiscales adscritas a la entidad, Aleika Almonte Santana, Belkis Ulloa, Ginna Matías y Noelia Taveras.
Operación Cattleya. Se recuerda que Ministerio Público puso en marcha el pasado jueves esta operación con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticuló redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
Según ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de la investigación, las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
Los imputados cobraban directamente el dinero por las mujeres que explotaban sexualmente y a las que generaban una deuda interminable por traslado a República Dominicana, así como por hospedaje y alimentación diario de las mismas.
Las víctimas también eran obligadas e inducidas por miembros de esta estructura criminal a consumir sustancias controladas por las que sumaban un costo a la deuda que eran obligadas a pagar con la promesa de dejarlas en libertad, según detalla la instancia.
Explica además la instancia de solicitud de medida cautelar, que una vez las víctimas se encontraban bajo control y dominio de esta estructura criminal, las cuales eran acogidas en el residencial Coco Real ubicado en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el Hotel Caribe localizable en Santo Domingo, eran tratadas y, a tales efectos, eran ofrecidas y entregadas a clientes que demandaban placeres sexuales.
Señala asimismo, que la organización del crimen organizado ha realizado actividades criminales propias de la trata de personas con el fin de explotación sexual, llevando a cabo captación, el transporte, traslado, acogida y receptación de mujeres de nacionalidades colombianas y venezolanas, que previamente captaron desde sus países de origen y cuyo traslado facilitaron a la República Dominicana, recurriendo al fraude, el engaño y abuso de las condiciones de vulnerabilidad, con el único propósito de explotarlas sexualmente.
Explica igualmente, que ésta utilizó el engaño como estrategia para lograr la captación de mujeres venezolanas y colombianas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad (en estado de necesidad y pobreza), a quienes les ofrecían venir a la República Dominicana para trabajar como camareras en bares o restaurantes de Bávaro, Punta Cana, en la provincia La Altagracia, bajo la promesa de recibir altos ingresos económicos, logrando así captar el interés de las víctimas.
Detalla, que para facilitar su traslado a la República Dominicana, la estructura criminal se encargaba de cubrir los gastos de pasaje aéreo, emisión de pasaportes (en caso de ser necesario), sumando su costo a la deuda que las víctimas debían comprometerse a pagar una vez estuvieran en el país, bajo la promesa de obtener atractivos beneficios económicos a su favor y sin establecerles el monto a que ascendería la deuda.
Por tal motivo, el Ministerio Público indicó que en este caso se debe imponer una medida de coerción que evite los actos tendentes a la obstrucción de la investigación, la intimidación de testigos y la destrucción de pruebas, lo cual afirma, solo puede ser garantizado con la medida de prisión preventiva. La institución destacó que cuenta con suficientes evidencias que vinculan a los imputados a la referida actividad criminal.
La operación Cattleya se desarrolló con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau (ATB)