Redacción Delegalymas
La procuradora general de la República, Mirian Germán Brito, en su rendición de cuentas correspondiente al año 2022 este martes, destacó que las metas propuestas en su gestión sobre las garantías del debido proceso se han ido alcanzando.
Como muestra de la operatividad, agilidad y efectividad administrativa que citó respecto a su gestión, dijo que fueron solucionados 19,200 conflictos por medio de salidas alternas, se lograron 7,999 aperturas a juicio y unas 4,993 condenas.
“La meta que nos propusimos de impulsar una gestión operativa y administrativa más ágil y efectiva, que al mismo tiempo garantice el debido proceso, va siendo alcanzada”, destacó la magistrada Germán Brito.
Señaló la titular de la Procuraduría General, que el Ministerio Público es el motor del proceso penal, al tiempo que resaltó que ese protagonismo es hoy día reconocido y valorado.
“Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, manifestó la procuradora durante el acto de rendición de cuentas efectuado en el Auditorio Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
“Lo anterior tiene un valor que debe ser resaltado. Sobre todo, en estos momentos. Debe entenderse que la justicia tiene sus reglas y sus tiempos”, subrayó.
Al referirse a la persecución penal, dijo que han dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos, al indicar que se ha brindado asistencia focalizada en al menos 1,300 casos.
“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”, expresó-
Sobre la Ley que crea el Ministerio de Justicia. Expresó que es vital clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, deslindándola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, que son propias de entes del Poder Ejecutivo.
Expuso que la sobrepoblación penitenciaria sigue siendo el principal desafío y que queda mucho camino que recorrer para lograr la dignificación de las cárceles.
“Lo que sí puedo asegurar es que, luego que unificáramos ambos sistemas, la coordinación interinstitucional requerida para mejorar las condiciones de quienes cumplen condena se ha hecho mucho más fluida y constante. Mientras ejerzamos la rectoría del sistema, no escatimaremos esfuerzos para humanizar el cumplimiento de la pena”, dijo.
Asimismo, sobre el Inacif, explicó que se ha logrado la aprobación de la prueba de polígrafo que aplica el Instituto Internacional de Auditores Antifraudes, y se han comenzado a aplicar las pruebas inter-laboratorio, lo que dijo, confirma la calidad de las pericias que se realizan.
De igual modo se refirió a la situación de las violencias policiales, descubiertas recientemente en múltiples investigaciones, tras las cuales se han procesado más de 7 casos. “En ninguna circunstancia, la actuación policial puede estar al margen del debido proceso ni del Estado de Derecho”, señaló.
En cuanto a la cibercriminalidad, delito que dijo está en crecimiento, “hay investigaciones que nos colocan a la vanguardia en la región, que son utilizadas como ejemplo en materia de combate a la pornografía infantil y al cibercrimen trasnacional, como la Operación Discovery, de la que se brindaron, en general, 6,425 asistencias y se obtuvieron 9 condenas”, detalló.
La corrupción. Sobre la lucha contra la corrupción administrativa, dijo que continúa siendo vital. “En 2022, se obtuvo condena en varios expedientes que son de dominio público. Actualmente, tenemos decenas de solicitudes de acuerdos en casos de corrupción, muestra de la fortaleza de las investigaciones en curso”.
Resaltó los avances del Ministerio Público, al afirmar que “desde agosto del 2020 a la fecha, hemos acometido importantes actuaciones contra del crimen organizado y lavado de activos, que han dado lugar a casos complejos que son de conocimiento público”.
Dijo que ese despliegue de inteligencia tiene en común meses de arduo trabajo, con jornadas extraordinarias por parte de los equipos de investigación bajo el liderazgo de la Dirección General de Persecución, quienes promueven incansablemente los procesos penales a las siguientes fases.
Trata y tráfico de personas. En materia de trata y tráfico de personas, la magistrada Germán Brito destacó dos operaciones que calificó sin precedentes: “la Operación Cattleya, en la que se rescataron más de 80 víctimas y se presentaron cargos formales, y la Operación Frontera, dirigida a desmantelar estructuras organizadas que traficaban personas.
En torno al fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, sostuvo que es la primera vez en la historia que se implementa una evaluación técnica y rigurosa con miras a evaluar el desempeño de fiscales ocupando posiciones de titulares, cumpliendo así con lo establecido en la ley.
Adelantó asimismo, que a finales del presente mes de marzo, serán dados a conocer los resultados preliminares de las evaluaciones realizadas, para luego proceder con la ejecución de un concurso para titularidades que cubran las plazas vacantes que queden disponibles.
Recordó, que el comité evaluador está integrado por las direcciones generales de Carrera, de Persecución y Administrativa, así como por el Contralor del Ministerio Público, y que son evaluadas titularidades en diferentes jurisdicciones, además de las especializadas en Medioambiente, Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Crímenes y Delitos contra la Salud, y Control de Tráfico de Armas.
Añadió, que han hecho la previsión presupuestaria correspondiente para llevar a cabo un concurso interno para el ascenso de 90 fiscalizadores, conforme a las necesidades institucionales identificadas, incluyendo los montos que corresponden a los beneficios complementarios aplicables (un total aproximado de 58 millones de pesos).
La procuradora se refirió igualmente en su rendición de cuentas a la realización de un concurso público de oposición para fiscalizadores con el objetivo de cubrir 60 plazas en provincias críticas fronterizas y del Este; sobre la Escuela Nacional del Ministerio Público, la que dijo alcanzó el año pasado unas 9,833 inscripciones en las distintas actividades formativas ofrecidas; a las mejoras de la calidad de vida del personal de la institución; también a las mejora de las condiciones laborales y a la profesionalización de los fiscales, tomando en cuenta los riesgos propios de la función; a los delitos en contra de los animales, cuyas investigaciones dijo deben ser reenfocadas, entre otros logros de su gestión.