Redacción Delegalymas
Mediante homologación ante un tribunal, amparado en un criterio de oportunidad, el Ministerio Público logró un acuerdo de más de RD$3,000 millones en el caso contra Maxy Montilla y sus empresas, lo que asegura fortalece sus acciones contra la corrupción administrativa y la impunidad.
Indica el órgano acusador, que como resultado de una de las líneas de investigación seguida en la operación que desmanteló la estructura, se logró que el tribunal hiciera la homologación del acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad.
Señala el MP, que establecido en el marco jurídico, Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo fue presentado al tribunal por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Y, Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la resolución del tribunal e indicaron que esta decisión viene a reforzar los avances del órgano persecutor en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
El acuerdo. Montilla Sierra pagará una indemnización de RD$600 millones a las Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.
También, deberá disolver las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation en un plazo de dos años.
Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90. Además, autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Según el acuerdo homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se establece que las empresas distribuidoras se hicieron representar por Celso Marranzini, quien funge como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
Mientras que Montilla Sierra y sus empresas, son asistidos legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
Establece el Ministerio Público en el documento, que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, utilizó las empresas como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano, “logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público”.
Señala además, que durante el tiempo que lo hizo gozó de privilegio y acceso a informaciones privilegiadas, al tiempo que recuerda que los actos de corrupción impactaron empresas que operan con deficiencia funcional y operativa en el servicio fundamental que deben prestar al país.
“Esta situación obedeció, en gran medida, a pérdidas derivadas de prácticas de competición y de un manejo fraudulento por parte de funcionarios públicos y contratistas”, dice.
Explica de igual modo, que Montilla Sierra muestra un incremento significativo en las contrataciones públicas adjudicadas a sus empresas. “Desde ese momento, varios miembros de su entorno familiar y de confianza, tanto de manera directa como indirecta, aumentaron de forma sustancial su presencia e influencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado, especialmente en áreas estratégicas como la energética, utilizando como plataforma la cercanía con el poder político”.
Indica también, que al suplir al Estado Montilla Sierra incurrió en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico en el que además, operó con información privilegiada.
Señala en ese sentido, que Montilla Sierra manipuló los plazos de entrega e incurrió en estafa al Estado. “A los fines de obtener ventajas en los procesos, se realizaron pagos de sobornos a funcionarios públicos responsables de las compras y contrataciones en el sector eléctrico. Estos pagos buscaban influir en decisiones administrativas, facilitar modificaciones contractuales irregulares y agilizar desembolsos”, indica el acuerdo homologado.
Según explica el Ministerio Público, el acuerdo fue impulsado en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del criterio de oportunidad cuando el caso refine las condiciones para ser declarado complejo, tal como ocurrió en la investigación de la operación.
“Esta disposición faculta al Ministerio Público a solicitar la aplicación de dicho criterio cuando el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información que permita evitar la continuación de la actividad delictiva o la comisión de nuevas infracciones, contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados o proporcione datos relevantes, siempre que la acción penal que se pretende excluir sea considerablemente menos grave que los hechos punibles cuya reiteración se evita”, dice el documento de homologación del acuerdo.