Redacción Delegalymas
El Ministerio Público concluyó este viernes la presentación de elementos probatorios contra los 25 imputados en la denominada estructura Operación Discovery 2.0, a través de la que supuestamente cometieron numerosos delitos electrónicos, incluyendo estafa e intimidación y usurpación de identidad.
En la audiencia conclusiva de este viernes las defensas técnicas de los procesados no pudieron refutar mediante sus alegatos las pruebas presentadas por el MP, e incluso cuatro de ellos admitieron su participación y mostraron su disponibilidad de colaborar con las autoridades.
El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión para 18 de los 25 procesados y otras medidas de coerción consistentes en el pago de garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país, así como la declaratoria de complejidad.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción estuvo presidida por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, José Rafael D’ Asís, quien emitirá su fallo el próximo viernes 25 a las 9:00 de la mañana.
Por el Ministerio Público estuvieron en la audiencia, los procuradores de Corte Iván Féliz Vargas, titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Sourelly Jáquez Vialet, Warlyn Alberto Tavárez y Juan Elías Pérez.
Según dijo la procuradora Sourelly Jáquez Vialet a su salida de la audiencia, que “el blindaje que recubre a la investigación, en lugar de ser refutada fue reforzada en vista de la fragilidad de los alegatos de la parte imputada”.
“De hecho, solamente presentaron presupuestos, no pidieron ninguna exclusión probatoria, porque el Ministerio Público presentó pruebas periciales tecnológicas, donde, incluso, hay cientos de llamadas telefónicas en donde se puede escuchar a los imputados cometiendo las estafas, haciéndose pasar por nietos de las personas envejecientes, siendo víctimas de esos actos intimidatorios”, añadió.
Jáquez resaltó que los abogados no presentaron arraigo laboral de sus defendidos, “ya que la actividad laboral a la que se dedican es a la estafa, lo cual robustece la medida de coerción presentada por el Ministerio Público», sostuvo.