Redacción Delegalymas
El Ministerio Público reiteró este lunes que el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, implicado en el caso Odebrecht, manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas con el pago de sobornos.
La afirmación fue hecha por los miembros del Ministerio Público durante la continuación de la lectura de la acusación en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los seis imputados de recibir sobornos de los US$92 millones que la empresa brasileña admitió haber pagado en República Dominicana para la obtención de dichos contratos.
El Ministerio Público continuó con la lectura de la acusación, luego de que el tribunal ordenara la continuación del juicio tras rechazar un recurso de oposición a la defensa de Pittaluga Arzeno, que pidió referirse a una parte de los hechos imputados.
Los miembros del Ministerio Público destacaron que, “de acuerdo con las pruebas sobre los productos financieros de Pittaluga Arzeno en el período 2004 al 2017, se pudo determinar que el imputado manejó un total de RD$100,909,003.64, así como US$1,381,325.44 y EU$50,385.33”.
Indicaron que la mayoría de esos recursos fueron movidos por el imputado por concepto de sobornos en complicidad con su socio, el también encartado Víctor José Díaz Rúa, exsecretario de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), específicamente por el pago de sobornos de Odebrecht al exfuncionario por la obra Autopista del Coral.
Señalaron que Pittaluga Arzeno, para sí y para el encartado Díaz Rúa, levantó un patrimonio derivado de las actividades delictivas propias del soborno y el lavado de activos, tipificada y sancionada por los artículos 5 y 8 (a) de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, norma jurídica que regía al momento de ocurrir esos hechos punibles.
“Para obtener ilícitamente esos beneficios, Díaz Rúa auspició y aprobó, en su condición de secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, entre 2007 y 2012, la cesión y enmienda a los contratos de construcción y financiamiento de la Autopista del Coral, una de las obras que, mediante el tráfico de influencia y el soborno, logró Odebrecht que se le adjudicara en el país”, apuntaron.
Precisaron que Pittaluga Arzeno suscribió un contrato simulado de prestación de servicios de asesoría con la empresa Odebrecht, que sirvió como fachada para disfrazar los pagos de sobornos de esta empresa destinados a Díaz Rúa. Además, con esos fines, procedió a la creación de una compañía pantalla offshore a través de la cual recibió el dinero ilícito.
Indicaron que Pittaluga adquirió la compañía Newport Consulting LTD con sede y cuenta bancaria en Antigua y Barbuda, que operaba como un paraíso fiscal, y destacaron que la constructora Odebrecht se valía de esa compañía, existente solo en papeles, para depositar el dinero ilícito destinado al entonces secretario de Obras Públicas.
Durante la lectura de la acusación contra Pittaluga Arzeno, los representantes del órgano persecutor de la corrupción señalaron que los documentos de la Superintendencia de Bancos permitieron establecer que el imputado manejaba más de una veintena de cuentas de ahorros y corrientes, propias o de empresas controladas por él, las cuales empleaba para distribuir fondos ilícitos, mezclándolos con ingresos de otra naturaleza.
Andrés Bautista García. Respecto al encartado Andrés Bautista García el Ministerio Público reiteró que éste introdujo más de RD$1,800 millones al sistema bancario producto de sus actividades ilícitas con Odebrecht, la constructora que confesó el pago de US$92 millones en sobornos para asegurarse la adjudicación de obras del Estado.
Al dar lectura a la acusación contra Bautista García en la continuación del juicio en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público indicó que el imputado movilizó la importante suma en el período comprendido entre los años de 2002 y 2017.
De igual manera, detalló que en una cuenta en dólares entre 2006 y 2017 el exfuncionario generó créditos por la suma de US$1,217,748.68.
La institución de justicia indicó que el imputado ocultó el dinero producto de los sobornos y del enriquecimiento ilícito, por lo que reiteró la acusación por el tipo penal de lavado de activos provenientes de esas infracciones graves.
El Ministerio Público indicó que Bautista García, quien representó a la provincia Espaillat como senador y presidente del Senado durante las legislaturas de los años 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 y 2005-2006, recibió durante el ejercicio de sus funciones cuantiosos sobornos de la compañía Constructora Norberto Odebrecht, S.A., a través del imputado principal del caso, Ángel Rondón Rijo.
Indicaron que Bautista García realizó gestiones e influyó, a cambio de sobornos, para que en fecha 20 de marzo de 2002 fuera aprobado el contrato de préstamo por un monto de US$129,089,385.00 destinado al financiamiento del Acueducto de la Línea Noroeste.
Señalaron además, que para esa misma obra, existe un contrato de préstamo complementario por valor de US$32,672,056.00. “Cuando los contratos llegaron al Senado recibieron un manejo privilegiado, siendo liberados de trámites”, precisaron. Detallaron que Bautista García también influyó para que se aprobara un contrato de préstamo por RD$89,925,939.18 para la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste.
Precisan que también gestionó la aprobación de un préstamo por US$15,000,000.00 destinado a financiar la primera fase del Proyecto Hidroélectrico Palomino. “Fue tal el trato y la premura, que la pieza fue conocida y aprobada con una única lectura”, señalaron los representantes del Ministerio Público.
Mientras daban lectura a la acusación, los fiscales reiteraron que el encartado Bautista García incurrió en soborno en el ejercicio de la función, enriquecimiento ilícito y falsedad en sus declaraciones juradas.
Precisaron que en los movimientos bancarios del 4 de enero de 2002 al 19 de julio de 2012, el imputado registró créditos por RD$7,060,325.93, de los cuales el 64% correspondió al concepto de transferencia y el 36% a depósitos.
“En el curso de sus funciones como legislador, Bautista García fue acumulando una fortuna que no tiene explicación razonable”, indicaron los fiscales, tras explicar que el imputado también incrementó su patrimonio inmobiliario.
Bautista García, según estableció el Ministerio Público, recibió del 2002 al 2010 RD$1,099,849,567.43 adicional a sus ingresos salariales.
También Tommy Alberto Galán Grullón. Los representantes del órgano persecutor de la corrupción también leyeron la acusación contra Tommy Alberto Galán Grullón, reiterando que el imputado recibió sobornos de dicha empresa en el ejercicio de la función pública como diputado y senador por la provincia San Cristóbal, desde 2002 hasta 2016.
Detallaron que en el caso de Galán Grullón, en el período de 2006 a 2010 tuvo un aumento de su patrimonio poco significativo, pero que, de manera sorprendente, aumentó en el 2016 cuando declaró RD$31,704,547.00, aumentando en este último año en RD$12,304,547.00.
Los fiscales establecieron que el exlegislador incurrió en lavado de activos a través de la sociedad Galán Grullón y Montás S.R.L, la cual fue transformada en Galán Grullón y Montás C. por A., pasando a ser de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada.
Juan Roberto Rodríguez Hernández. También los representantes del Ministerio Público procedieron con la lectura de la acusación contra Juan Roberto Rodríguez Hernández, de quien, igualmente reiteraron que recibió sobornos como funcionario, mientras ejercía de director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), en el período 2000-2004.
Los fiscales expresaron que el imputado utilizó el cargo para conceder el contrato de construcción del Acueducto de la Línea Noroeste, mediante la firma del primer contrato con la compañía brasileña.
A Rodríguez Hernández el Ministerio Público le atribuye también los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas de bienes y lavado de activos producto de infracciones graves.
Señalaron que dicho imputado en el año 2006 recibió ingresos por salarios por un monto de RD$2,047,772.98, pero colocó en el sistema financiero RD$23,070,050.33.
Dentro del manejo de una cuenta en dólares, Hernández Rodríguez presentó una variedad de depósitos mayores de US$100 mil y que totalizan US$1,687,892.27, indicaron.
De igual manera, la acusación también señala que el imputado utilizó la sociedad comercial Terraza San Isidro, S.R.L, para justificar y/o lavar los movimientos producto del soborno.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público en el juicio junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, y los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo luego de la lectura de la acusación contra los seis imputados y cumplido el horario establecido, suspendieron el juicio para continuar este martes, 17 de noviembre de 2020, a partir de las 9:00 de la mañana.