Redacción Delegalymas
Luego de desarticular a través de la Operación Flor de Loto a una estructura que supuestamente se dedicaba a la explotación sexual de mujeres, en la que rescató a 45 víctimas de origen colombianas y venezolanas en allanamientos ejecutados en varios residenciales del sector Gurabo, al norte de Santiago, este sábado el Ministerio Público depositó la instancia de solicitud de medida de coerción en contra de los cabecillas de la misma.
De acuerdo informó el Ministerio Público, hacía varios meses que venían dando seguimiento y vigilancia, con la finalidad de irrumpir la estructura y conocer su modus operandi.
La ejecución de la Operación Flor de Loto se hizo a través de la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, con el apoyo de la Policía Nacional, logrando rescatar a cuarenta y cinco mujeres, cuarenta y tres de ellas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas, a quienes los proxenetas mantenían cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.
Para ello las autoridades ejecutaron alrededor de 15 allanamientos en los que constataron que se trataba de una estructurada del crimen, integrada por los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, quienes presuntamente viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atándolas luego con esta deuda, por la que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos para saldarla.
Según la investigación preliminar, las féminas eran víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos. Estas dependían de los proxenetas para poder movilizarse de un lugar a otro. Los hombres arrestados durante la operación tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas, y además el control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.
Los allanamientos. Durante los allanamientos las autoridades incautaron más de 300 pruebas, entre estas materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.
En ese sentido. El Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso. Presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículos 265, 266, 333, 334, 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.
En el caso de Matos Monegro se les imputa además, la violación al artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.