Redacción Delegalymas
Para los involucrados en la red de corrupción y crimen organizado, desmantelada con la denominada Operación Camaleón, quienes supuestamente se dedicaban a los delitos de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad, este viernes el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción.
Los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitaron además la declaratoria de complejidad del proceso, al tiempo que revelaron que los imputados son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Beras ante el comité de compras del INTRANT.
También, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
Operación Camaleón. Se recuerda que fue puesta en marcha en horas de la noche del pasado jueves 3, cuando fueron allanadas las residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana propiedad de los involucrados. Participaron en el operativo, aproximadamente 170 agentes de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
En las propiedades allanadas se ocuparon, según informe de las autoridades participantes, cientos de evidencias que confirman las imputaciones hechas por el Ministerio Público, por lo que el caso ha calificado como uno de los “más exitosos” contra el crimen organizado.
Revela el Ministerio Público al depositar la solicitud de medida de coerción, cuentan con elementos suficientes para que el tribunal acoja el pedimento en cuanto a la medida de coerción a imponer y la declaratoria de complejidad.
Indica que cuentan con el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, presuntamente utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, así como con evidencia sobre el sabotaje en contra de la red semafórica el pasado mes de agosto, temas objetos de la imputación.
A los imputados en Operación Camaleón se les investiga por conductas violatorias los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
De igual modo, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo; artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, que crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterroristas; artículos 66, 67 y 69 de la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.