Redacción Delegalymas
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dispuso la revisión de las sanciones que por violación al toque de queda y los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para contener la COVID-19, son aplicadas.
La magistrada Germán Brito dispuso la revisión y a ponderar los planteamientos sobre la necesidad de buscar mecanismos que fortalezcan el marco jurídico de República Dominicana, como los expuestos por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Sin embargo, dijo que los fiscales deberán seguir tomando las acciones de lugar para garantizar que los ciudadanos cumplan con las medidas que buscan contrarrestar la pandemia que hasta el momento ha afectado en el país a 186,383 personas, con 2,428 defunciones.
“Los fiscales deberán seguir procurando las sanciones que se amparan en la declaratoria del estado de excepción y que remiten a la Ley General de Salud, 42-01, del 8 de marzo de 2001”, señaló.
Dicha ley, indicó, establece en su artículo 153, multas de entre uno y diez veces el salario mínimo nacional por el incumplimiento de las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar enfermedades transmisibles.
Plantea el texto plantea en su artículo 153: “Se consideran violaciones a la presente ley y serán sancionadas con multas que oscilarán entre uno y diez veces el salario mínimo nacional establecido por la autoridad legalmente competente para ello, o mediante ley especial”.
Señala, que el salario mínimo del sector público se sitúa en estos momentos en RD$10,000, lo cual obliga a que la sanción se sitúe entre RD$10 mil y RD$100 mil.
Dijo que la norma cita entre los hechos sancionables el incumplimiento con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública, “para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles, al igual que las prescripciones de carácter sanitario”.
La magistrada Germán Brito saludó el debate en torno al tema y lo considera como una oportunidad para que la comunidad jurídica y el liderazgo político de República Dominicana aporten propuestas constructivas que fortalezcan el Estado de Derecho y faciliten a las autoridades la protección de la salud de los ciudadanos en situaciones como la creada por la actual pandemia.