El ‘caso Rolex’ que involucra a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y otros funcionarios, el cual ha sido archivado, este martes la Fiscalía peruana pidió al Congreso que reconsidere esa decisión, ya que se trata de una denuncia constitucional en la que le atribuye el delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
En ese sentido, el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía presentó ante el Parlamento la petición, a fin de que se reconsidere el caso en el que se señala a la mandataria de presuntamente haber recibido relojes Rolex y otras joyas de oro de una autoridad regional que esperaba una transferencia de fondos del Ejecutivo.
Explicó la Fiscalía en un comunicado, que el pedido sobre el archivo del caso, se fundamenta en los “graves vicios procesales” incurridos en su trámite y, como consecuencia de ello, se solicita la nulidad de todo lo actuado en sede parlamentaria y que se disponga diferir el procedimiento parlamentario hasta que cese la inmunidad presidencial, a efectos de garantizar una actuación parlamentaria ajustada a Derecho.
“El Ministerio Público actúa en defensa del orden constitucional, exigiendo que todo procedimiento, incluso en sede parlamentaria, se ajuste estrictamente a los principios fundamentales que rigen el Estado constitucional y democrático de Derecho”, precisó en la información compartida en la red social X.
Las denuncias constitucionales. Son procedimientos especiales que se aplican a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada. En caso de recibir el visto bueno del Legislativo, la Fiscalía puede proceder a acusar al investigado, y de ser rechazada, interrumpe el proceso, como ha sido el caso de la especie.
Según el comunicado, el pasado viernes, el Congreso archivó la denuncia presentada por la Fiscalía contra Boluarte por el caso conocido también como ‘Rolexgate’, al aprobar un informe que recomendó el archivo de la denuncia porque consideraba que no se reunían los elementos suficientes para sustentar una infracción constitucional por el uso de relojes y otros objetos de lujo que no fueron declarados.
En el texto, de la legisladora fujimorista Nilza Chacón, se planteaba también evaluar si procede denunciar al exjefe del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, por haber presentado hace un año esta denuncia contra Boluarte.
La denuncia fiscal se fundamentaba en que Boluarte “habría recibido -en calidad de donación- del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de la marca ‘Rolex’, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera ‘Bangle’ con 94 brillantes con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República».
Al respecto, dijo Boluarte en principio, que los relojes eran suyos y “fruto de su esfuerzo”, pero semanas después reconoció que “eran un préstamo”, de su amigo Oscorima y afirmó que había sido “un error político” aceptarlos. Esta no es la única denuncia hecha por el Ministerio Público contra Boluarte por el caso. La última fue hace dos semanas, cuando la Fiscalía volvió a denunciarla por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, relacionados con bienes de lujo y un supuesto incremento de su patrimonio.
Fuente: EFE