Redacción Delegalymas
Un proyecto de ley que castigaría el delito de tráfico ilícito de migrantes aumentando las penas de 10 a 15 años y multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango superior de 12 a 20 años de prisión, y multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, así como también la inhabilitación de los derechos de ciudadanía, fue introducido este lunes por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.
El depósito del proyecto que modifica la Ley número 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, lo hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
La introducción de la iniciativa legislativa, respalda el anuncio de una serie de medidas anunciadas ayer domingo por el presidente Abinader, para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la existente crisis en Haití.
Al respecto, el consultor jurídico manifestó que con este depósito, el presidente cumple de forma inmediata con la cuarta de las medidas anunciadas, al tiempo que explicó que el objetivo de la iniciativa es modificar de manera puntual los artículos 2, 5, 6 y 7 del texto legal, con el fin de precisar los elementos que constituyen el tráfico ilícito de migrantes, establecer nuevas penas y adicionar circunstancias agravantes tanto para el autor principal como para el cómplice.
Indicó en ese sentido, Peralta Romero, que en el artículo 2, se amplía la definición y se agregan los elementos constituyentes de tráfico ilícito de migrantes, debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público y aplicación de las normativas correspondientes.
Añadió asimismo, que el artículo 5 introduce la tipificación de delitos por omisión, estableciendo que se considerarán penalmente responsables aquellas personas que, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño.
Dijo también, que se detallan condiciones específicas, como la asunción voluntaria de protección o vigilancia, o la creación previa de una situación de riesgo para el bien jurídico protegido, y que la omisión será penalizada cuando el daño producido sea equiparable al resultado de una acción directa.
Con relación al artículo 6, explicó Peralta Romero, que se redefine la participación del cómplice en la comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes, mientras que en el artículo 7, se incorporan nuevas circunstancias agravantes aplicables tanto al delito de tráfico ilícito de migrantes como al de trata de personas, incluyendo la relación entre el autor y la víctima, el grado de vulnerabilidad de la víctima, la gravedad del daño causado y los medios utilizados para cometer el delito.
Agregó del mismo modo, que también se incrementan las penas cuando concurren estas agravantes, tanto para los autores principales como para sus cómplices.
Consideró el funcionario, que de aprobarse esta iniciativa del Poder Ejecutivo, se produciría un endurecimiento significativo de las sanciones a los infractores y se fortalecería el marco legal contra ese flagelo.
“Se incrementan las sanciones para los cómplices y se incorporan agravantes adicionales, como el uso de armas, el daño a personas adultas mayores o la muerte de la víctima del tráfico, estas circunstancias podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos”, concluyó Peralta Romero.
De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó al recibir el proyecto de ley, que se trata de un problema nacional que preocupa a todos los ciudadanos, al tiempo que señaló que el presidente de la República expresó con claridad en su alocución de este domingo, que este proyecto de ley debe ser aprobado con carácter de urgencia.
“En un tiempo relativamente corto, vamos a aprobar este proyecto de ley, dada la importancia que representa para la República Dominicana”, expresó de los Santos.