Tras ser hallada culpable de torturar bárbaramente a una recién nacida, el Tribunal Colegiado del distrito judicial de El Seibo condenó a 15 años de prisión en la cárcel pública de Higüey a Anyelina Vásquez Sosa, hecho cometido en junio del 2025.
La sentencia contra Vásquez Sosa, por las acciones cometidas en perjuicio de la niña, respondió a la petición del Ministerio Público. De acuerdo a lo presentado en audiencia, el proceso judicial inició luego de que un hospital notificara a las autoridades la presencia de una niña de semanas de nacida con lesiones de gravedad, la cual había sido trasladada al área de emergencias por su padre.
Detalla asimismo, que la acusación fue presentada ante el tribunal por la fiscalizadora Sugeiry Guilamo Cedano, adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía del El Seibo, estableciendo que el padre de la víctima fue informado por un familiar sobre la condición de la niña, mientras éste se encontraba en su trabajo el 7 de julio del 2025, fecha en la que trasladó a la infante a un centro médico del cual fue referido al día siguiente a un hospital pediátrico.
Añade de igual forma, que al ser evaluada la niña por los médicos, esta presentaba trauma craneoencefálico severo, traumas múltiples, fractura de omóplato izquierdo y hemorragia intraparenquimatosa, lesiones que fueron certificadas por el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Agrega además, que las lesiones habían sido causadas por Vásquez Sosa, quien aprovechó la cercanía y confianza con la que contaba para agredir a la niña, que se encontraba en condiciones de total indefensión.
Señala el órgano acusador, que la investigación comprendió entrevistas a testigos, certificado médico legal, informe de trabajo social, fotografías que documentan la condición física de la niña, entre otros elementos de prueba.
Indica, no obstante, que en el juicio las juezas Ramona Santana Bermúdez, Laura Isabel Roa y María del Carmen García González, variaron la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público, que solicitaba 30 años de prisión para la acusada, condenándola finalmente a 15 años, por violación al Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24- 97, y el artículo 396, letra a, de la Ley 136-03, que castigan los actos de tortura y barbarie.