Redacción Delegalymas
Un encuentro en Washington D.C. en el que trataron temas como los desafíos de la justicia en República Dominicana y la región, el estado de derecho e independencia judicial entre ambas naciones, fue sostenido por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina y el chief Justice de los Estados Unidos, John G. Roberts, Jr.
Dicho encuentro tuvo como objetivo fortalecer la colaboración judicial entre ambas instituciones, explorando áreas de cooperación y proyectos conjuntos que permitan intercambiar experiencias y mejores prácticas en la administración de justicia.
“Agradezco esta oportunidad de diálogo e intercambio y reitero nuestro firme interés en continuar colaborando estrechamente con los Estados Unidos para seguir fortaleciendo la justicia y asegurando que nuestros sistemas judiciales respondan a los desafíos globales con transparencia, eficiencia y, sobre todo, respeto a la dignidad y derechos de todas las personas”, dijo Molina.
Señaló además el juez Molina, que uno de los retos del sistema judicial dominicano es la cultura litigiosa, ya que el 90 por ciento de los casos van a juicio, al tiempo que subrayó que Estados Unidos es “un referente de buenas prácticas que conviene estudiar, pues sucede lo contrario, ya que el 90 por ciento de los casos se resuelven mediante negociación”.
Agregó asimismo, que la República Dominicana se encuentra en un momento crucial de transformación, liderado por una ambiciosa agenda de modernización del Poder Judicial, que busca mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia.
Aseguró de igual modo, que la colaboración con la judicatura de los Estados Unidos, basada en el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, puede ser mutuamente beneficiosa y contribuir al fortalecimiento de ambas instituciones.
La visita del magistrado Molina a Washington D.C forma parte de la agenda internacional del Poder Judicial dominicano, considerada como un catalizador de cambio y desarrollo para la República Dominicana, que busca proyectar al país como un referente de modernización y de respeto por la ley, atrayendo con esto, beneficios que van más allá del ámbito judicial.