De “lunático de la izquierda radical”, tildó este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al juez que ordenó detener la reciente deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador, al tiempo que pidió su destitución.
Afirmó que su Gobierno simplemente está siguiendo el mandato de los votantes que lo eligieron en noviembre. “Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente designado por (el expresidente estadounidense) Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente. No SE IMPUSO en el VOTO popular (¡por mucho!), no SE IMPUSO EN LOS SIETE ESTADOS BISAGRA, no SE IMPUSO en 2.750 contra 525 condados, ¡NO GANÓ NADA!”, escribió Trump en su red social Truth Social.
La reacción del presidente Trump ocurre luego de que el juez federal James Boasberg, del distrito de Columbia, emitiera el sábado una orden el para detener el envío, ese mismo día, a El Salvador de más de 200 venezolanos acusados por el Gobierno de ser parte de la banda criminal Tren de Aragua, acogiéndose a la ley de “Enemigos Extranjeros”, de 1798, normativa que solo se ha utilizado en tres ocasiones en la historia- durante la guerra de 1812 ante las tropas británicas y durante las dos guerras mundiales.
“GANÉ POR MUCHAS RAZONES, EN UN MANDATO ABRUMADOR, PERO LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL PUEDE HABER SIDO LA RAZÓN PRINCIPAL DE ESTA VICTORIA HISTÓRICA. Simplemente hago lo que los VOTANTES querían que hiciera”, continuó Trump en su mensaje. “Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido! ¡NO QUEREMOS CRIMINALES AGRESIVOS, VIOLENTOS Y DEMENTES, MUCHOS DE ELLOS ASESINOS TRASTORNADOS, EN NUESTRO PAÍS! ¡¡¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!!!” , concluyó su mensaje.
Al respecto, el lunes el Departamento de Justicia estadounidense solicitó a una corte de apelación que retire al juez Boasberg del caso sobre las deportaciones, alegando un “ejercicio inapropiado de competencias”.
Y, ese mismo día, un fiscal general adjunto argumentó ante el propio juez Boasberg que este carece de competencias para dictar la política migratoria del actual Gobierno, mientras que uno de los abogados que representa a cinco de los venezolanos deportados, advirtió sobre lo que denominó “crisis constitucional” que plantea el caso.
En tanto que distintos miembros del Gobierno de Trump insisten en condenar públicamente a los jueces que bloqueen las medidas tomadas por la actual Administración.
Fuente: EFE