Redacción Delegalymas
Tras varias “malas noches”, en la audiencia de este martes, temprano, el juez de instrucción José Alejandro Vargas dictó medidas de coerción consistentes en prisión preventiva de tres meses y domiciliaria a los diez involucrados en el entramado delictivo denominado “Operación Anti Pulpo”.
El magistrado Vargas declaró complejo el expediente por corrupción administrativa abierto a raíz de la Operación Anti Pulpo, a través de la cual se desarticuló el entramado delictivo operado por Juan Alexis Medina Sánchez, quien deberá guardar tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Cristóbal.
Junto a Medina Sánchez deberán cumplir la misma medida cautelar en el CCR los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes, entre otros delitos, se les acusa de incurrir en coalición de funcionarios desde sus pasados cargos de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
En tanto, la imputada Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, deberán cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete en caso de que se garantice la seguridad de éstos, o bajo vigilancia del Ministerio Público. Ambos tendrán que presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida del país.
Asimismo, el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando A. Rosa Rosa, también tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en el CCR San Cristóbal.
En ese mismo orden, Julián Esteban Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal de armas de fuego, así como José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda deberán guardar tres meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís. El juez consideró sobre estos tres imputados, que su permanencia en las calles puede llevarlos a distraer pruebas del proceso.
Con relación al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor de la República, se le impuso arresto domiciliario con un impedimento de salida del país.
Mientras que el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz, fue puesto en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de la “Operación Anti Pulpo”.
Vargas estableció que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional sea el que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria de juicio.
Previo al anuncio de su decisión, el magistrado Vargas ponderó aspectos de la acusación del Ministerio Público, y en ese contexto, resaltó que realmente “hay una estafa” respecto al suministro de hormigón asfáltico líquido (AC-30) al Estado de parte de una de las empresas de Medina Sánchez, en la que el entonces director de la Oisoe, Pagán Rodríguez, tiene su responsabilidad penal comprometida por complicidad.
Dijo que el señor Pagán Rodríguez era “el más arrestado de todos” por la premura en favorecer al imputado Medina Sánchez.