Redacción Delegalymas
La noche de este martes el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción impuesta al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado de la Operación Medusa, consistente prisión domiciliaria y el uso de grillete electrónico.
El juez Amauri Martínez acogió el pedimento del Ministerio Público para ratificar la medida cautelar al exfuncionario a quien se le acusa de ser la figura principal de la Operación Medusa.
Respecto a la decisión del juez, la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que la misma se debió a que el acusado no presentó pruebas suficientes para variarle las medidas de coerción.
“En la noche de hoy el tribunal entendió que los presupuestos presentados por Jean Alain Rodríguez y su defensa resultan insuficientes como para variar la medida de coerción que pesan sobre él, incluso, valorando el supuesto certificado médico que pretendieron traer al tribunal para lograr el retiro del grillete electrónico”, dijo Ortiz.
“El juez entendió, conforme a lo que estableció el Ministerio Público, que dicho certificado no establecía de forma inequívoca que las afecciones de salud que supuestamente presenta sea ocasionada por el (grillete electrónico)”, expresó al responder preguntas de los periodistas al salir de la audiencia.
La Operación Medusa. Además del exprocurador Jean Alain Rodríguez, en el proceso también están involucrados Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.