Redacción Delegalymas
Luego de que Francisco Alberto Cedeño Amparo, se escapara mientras era trasladado a la Corte de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, el día de la lectura de la sentencia de 114 años de prisión que le fue impuesta por la muerte de un hombre a causa de heridas de arma blanca y por la tentativa de asesinato contra una mujer, hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana autorizó su entrega en extradición, en atención a una solicitud del Ministerio Público.
La extradición del dominicano es solicitada por Estados Unidos para cumplir la condena de 114 años de prisión por homicidio y tentativa de asesinato en Puerto Rico.
Detalla el MP en su solicitud de extradición, que en 2016, luego de su fuga hacia República Dominicana, las autoridades de Puerto Rico colocaron una alerta que conllevó a su arresto, estableciéndose en el proceso, que anteriormente también se había fugado de la justicia puertorriqueña tras imponérsele el pago de una fianza de 1.5 millones de dólares.
La información fue dada por el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y la fiscal Elvira Rodríguez, quienes representaron el Ministerio Público en el proceso de solicitud de extradición.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), constituida por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (presidente), Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, adoptó la decisión tras acoger la solicitud formulada por el Gobierno de Estados Unidos, estableciendo que la misma fue incoada de conformidad con la normativa nacional y con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes de esa nación y de República Dominicana.
Ordenó la Suprema Corte de Justicia, que se ponga a cargo a la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la decisión para que sea comunicada a la autoridad administrativa correspondiente para la emisión del decreto del Poder Ejecutivo que disponga la entrega del arrestado solicitado en extradición, de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes que rigen la materia.