Inicio Justicia Revocan decisión judicial en favor imputados en red de explotación sexualmente a mujeres extranjeras

Revocan decisión judicial en favor imputados en red de explotación sexualmente a mujeres extranjeras

por DeLegalymas

Redacción Delegalymas

Tras la apelación interpuesta por el Ministerio Público por ante el Tribunal de Atención Permanente que había impuesto la medida de coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país, a tres imputados, un hombre y dos mujeres, acusados de pertenecer a una red que se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres extranjeras en Santiago, este martes, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este distrito judicial, revocó la decisión de dicho tribunal y estableció la prisión preventiva como medida de coerción.

Albert Martire De Jesús y las mujeres Wilyeisy Rodríguez De Gouvea (a) Fabiana e Ircar Saulimar Romero Pérez de nacionalidad venezolana, acusados de pertenecer a una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual en la provincia norteña, deberán continuar privados de libertad, según determinaron los jueces Wilson Moreta, Acassia Reyes y Annelis Torres, quienes dejan sin efecto la sentencia 01646/23 d/f del 28 de agosto del presente año, la cual fue recurrida por el Ministerio Público.

Los jueces aceptaron como buenos y validos los argumentos presentados en el recurso de apelación por la fiscal Kirsa Abreu, de la fiscalía de Santiago, y sustentados por el procurador de corte Santos Siri y la fiscal Ginna Matías, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), motivando la variación de la medida a prisión preventiva por tres meses.

El Ministerio Público demostró ante el tribunal la gravedad de los hechos, lo que lo convierte en un caso de tramitación compleja, debido a que los imputados no presentan arraigo y la medida de coerción idónea es la prisión preventiva, por el riesgo de peligro de fuga y que los mismos puedan destruir pruebas que los incriminen.

El caso. Los imputados fueron arrestados mediante varios allanamientos realizados por la PETT, en coordinación con la Fiscalía de Santiago y el Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional.

El operativo fue realizado por las autoridades en la Torre Real VI, Torre I, del sector Nibaje, Santiago, lugar del que fueron rescatadas siete mujeres, seis de nacionalidad colombiana y una venezolana, las cuales eran retenidas y explotadas sexualmente por sus captores a cambio de dinero.

La investigación de esta estructura criminal inició por parte del Ministerio Público, luego de que dos de las victimas lograron escapar e informaron a las autoridades sobre la actividad realizada por sus captores en contra de ellas y de las demás mujeres retenidas, en condición de secuestro.

Durante la operación, entre los diversos elementos recolectados, se encontró una gran cantidad de preservativos de diversas marcas, así como lubricantes de uso sexual.

También, fueron incautados en el lugar diversos tipos de sustancias controladas, presumiblemente cocaína, marihuana y metanfetaminas.

Asimismo, fueron ocupados varios cuadernos, los cuales eran utilizados para realizar una especie de reporte, en el cual figuraban anotados los nombres de las mujeres y montos de diversas sumas de dinero.

Detalla igualmente el Ministerio Público en su expediente acusatorio, que en el allanamiento, tanto en los apartamentos, como en posesión de los imputados, fueron encontrados diversas sumas de dinero en peso dominicano, dólares y peso colombiano, y que además fueron retenidos los celulares y un computador utilizados por los imputados, entre otros elementos de prueba.

El Ministerio Público le ha otorgado al caso la imputación provisional de violación a los tipos penales de trata de personas con fines de explotación sexual agravado, los cuales se encuentran tipificados y sancionados en las disposiciones de los artículos 1, literales a y h; 3 y 7, literales b, c, d, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y 5, 6 y 75, párrafo I, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, todo esto en perjuicio de las víctimas ya señaladas y del Estado dominicano.

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