Redacción Delegalymas
La jueza Javiera Antonia Gómez, de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi, fijó para el próximo viernes 24 del presente mes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público en contra de 15 imputados en la red denominada Operación Frontera, desarticulada la madrugada del pasado domingo.
En la solicitud de la medida cautelar incoada el lunes por la fiscal titular interina de Montecristi, Dinorah Liberato Rojas, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso, contra los acusados de violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican como un delito la Trata y Tráfico de Personas.
En la operación, coordinada por la titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán, conjuntamente con la fiscal titular de esta jurisdicción, Grimaldi Oviedo Meran, la también fiscal Yohanny Herrera, y la licenciada Giselle González, y con el apoyo del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, fueron arrestados: Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, quienes han sido identificados como los cabecillas de esta red, acusada por el Ministerio Público de traficar con migrantes desde Haití.
Asimismo, Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero, así como también los miembros del Ejército Dominicano, los segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier, también están involucrados en el proceso.
De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.
Según detalla el MP, en los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.
Indica que entre las evidencias ocupadas por los fiscales a los arrestados que integran la presente estructura criminal, se destacan: documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones, cargadores para pistolas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones (pesos, dólares y gourdes), celulares, computadoras entre otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas.
Añade igualmente, que la desarticulación de la organización criminal fue posible por la ardua labor de inteligencia e investigación desarrollada en coordinación con los diferentes organismos bajo la dirección de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Montecristi, conjuntamente con la División Especial de Crímenes Transnacionales (DEIDET), el apoyo en la ejecución de la operación del Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la policía Nacional y la ONG Anti Tráfic Beauro Antitrafficking Bureau (ATB).