Una acción judicial en la que por primera vez los jueces toman en cuenta la constitucionalidad de unas restricciones aprobadas en 23 estados de la nación estadounidense desde el 2021, fue anunciada este lunes por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de que revisará la ley del estado de Tennessee que prohíbe la asistencia sanitaria de transición de género a personas menores de 18 años, la cual viola la Constitución.
Señala la información, que los jueces estudiarán el caso después de que jóvenes transgénero, sus familias y proveedores médicos pidieran al alto tribunal el pasado otoño que revisara la constitucionalidad de una decisión del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE.UU. que confirmó la prohibición de Tennessee.
En ese sentido, el Departamento de Justicia recurrió junto a los adolescentes transexuales ante la Corte Suprema y los jueces aceptaron el recurso del gobierno de la Administración Biden.
La Ley, concretamente en el estado de Tennessee, fue promulgada en marzo de 2023. Es conocida como SB1, y prohíbe a los proveedores de atención sanitaria “prescribir, administrar o dispensar cualquier bloqueador de la pubertad u hormona”, si el tratamiento es para “permitir a un menor identificarse con, o vivir con, una identidad inconsistente con el sexo del menor”.
La misma impide también, administrar tratamiento si es para tratar “un supuesto malestar o angustia por una discordancia entre el sexo del menor y la identidad afirmada”. Sobre todo esto, a lo que el Tribunal Supremo no se había pronunciado nunca de manera directa, será debatido a partir del próximo mes de octubre, cuando inicie el próximo período de la corte de alzada, decisión que podría adentrarse a junio de 2025.
La revisión a la ley, podría tener gran revuelo y repercusiones sobre algunas medidas legislativas estatales que prohíben tratamientos con fármacos que bloquean la pubertad, la terapia hormonal o las cirugías para menores con disforia de género. Incluso, quienes actualmente infringen la ley de Tennessee, la cual entró en vigencia el 1 de julio de 2023, pueden verse sometidos a sanciones civiles de hasta 25.000 dólares entre otras.
Fuente: EFE