Redacción Delegalymas
Las juezas del tribunal que lleva a cabo juicio de conclusión del Caso Odebrecht dispusieron la tarde de este lunes la suspensión hasta el próximo jueves 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, a fin de recibir las manifestaciones finales de los restantes encartados en caso de que deseen dirigirse al tribunal.
En la próxima audiencia expondrían los imputados Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal; Juan Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Inapa, y el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Rondón Rijo y Díaz Rúa, mientras que para Pittaluga Arzeno siete años y cinco años de reclusión para Bautista García, Galán Grullón y Rodríguez Hernández.
De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
La fiscal Mirna Ortiz reitera que las pruebas aportadas tienen méritos para sentencias condenatorias contra todos los imputados
Manifestó este lunes estar confiada en que el tribunal que conoce el Caso Odebrecht impartirá justicia, al destacar los méritos de las pruebas aportadas en el juicio por el Ministerio Público para la imposición de condenas contra todos los procesados.
“El Ministerio Público ha llevado este caso hasta este día porque cree en las pruebas que ha presentado a estas juzgadoras y cree firmemente que, con las pruebas presentadas, cuando las juezas se retiren a deliberar, fallarán dictando sentencias condenatorias para cada uno de los imputados”, dijo la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Eso es lo que espera el Ministerio Público y eso es lo que estamos seguros que vamos a obtener”, insistió Ortiz, mientras respondía preguntas de periodistas de diversos medios de comunicación que la abordaron a la salida de la sala de audiencias.
En relación con la suspensión del juicio hasta el próximo 30 de septiembre, Ortiz explicó que se produjo para facilitar que las partes puedan estar presentes para el fallo en dispositivo que debe darse en 10 días.
“El tribunal entendió prudente que rodáramos la finalización de las conclusiones, a los fines de que el cómputo de esos 10 días caiga un día laboral, para que sea más fácil a todos estar en la sala de audiencia”, aclaró.
Explicó en ese sentido, que el tribunal informó a las partes de la nueva fecha que fue fijada tomando en cuenta los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.
Respecto al tiempo de casi cinco años que lleva el proceso en sus diferentes fases, dijo que “ningún caso es igual a otro caso”.
“Debemos recordar que este año y el pasado fueron prácticamente perdidos para el sector justicia, para gran parte del país afectado por la pandemia; entonces, los cómputos no se realizan de manera matemática, porque tenemos que restarle todos los meses en los que no fue posible celebrar audiencias porque los tribunales estaban cerrados fruto de la pandemia de la COVID-19, y luego la reactivación de los tribunales, fue progresiva, no se reabrieron de manera automática”, señaló.
La fiscal de la Pepca dijo que el proceso se encuentra en la declaración final de los imputados, “en la que, de acuerdo a la ley, la costumbre y a la doctrina, ellos tienen la oportunidad de dirigirse al tribunal y obviamente hablan desde su punto de vista”.
En la audiencia de este lunes, que se inició alrededor de las 9:15 de la mañana, luego de un receso de 10 minutos, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, escucharon a los imputados, quienes se dirigieron al tribunal con su defensa material frente a su participación en los US$92 millones en sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de obras públicas.
El primero en presentar sus argumentos fue Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, seguido de Víctor José Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, y luego continuó el expresidente del Senado Andrés Bautista García.