Redacción Delegalymas
Mediante el decreto 158-23, el Poder Ejecutivo dispuso el ahorro de energía en todas las instituciones de la administración pública, con la finalidad de crear una política de ahorro y eficiencia energética.
En dicho decreto el presidente Luis Abinader declaró de alta prioridad nacional la implementación de una política de ahorro de energía en todos los órganos de la administración pública que se encuentran bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.
Indica la disposición, que la iniciativa parte de la premisa de que las dependencias de la administración pública deben adoptar medidas que sirvan como modelo a seguir por la ciudadanía y las empresas privadas, fomentando así una cultura de responsabilidad ambiental y energética en todo el país.
Señala igualmente, que esta línea de acción es necesaria para lograr los objetivos de la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y constituye una práctica de gobierno propia de la idea de la buena administración.
El decreto establece dos categorías de consumidores estatales de conformidad a la sumatoria de todos sus suministros de energía interconectados a la Red Eléctrica y dispone obligaciones para cada caso. Igualmente, desarrolla iniciativas sobre consumo energético, desarrollando medidas en materia de ahorro y eficiencia energética que van desde aspectos relacionados a la temperatura de los condensadores de aire a criterios sobre el alumbrado público de las instituciones.
Del mismo modo, el documento presenta metas de ahorro, planes estratégicos y operativos, el diseño de una campaña nacional de promoción del ahorro y eficiencia energética, la implementación de fuentes renovables de energía y otros pasos en dirección a generar un impacto favorable para los dominicanos, tanto en su medioambiente como en la economía del país.